El PP reclama a la Junta Electoral la suspensión de las ruedas de prensa «electoralistas» del Consejo de Ministros

El PP confía, además, en que se advierta al Gobierno sobre la posibilidad de ser sancionado en caso de incumplimiento. La multa, cita el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, «será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares». A juicio del partido de Pablo Casado, el Ejecutivo, de continuar con la aprobación de decretos leyes en Consejo de Ministros, estaría vulnerando esta norma, que establece que «desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos».

El presidente del PP ya avanzó el pasado lunes que este sería el primer paso de su partido. La portavoz de los populares en el Congreso, Dolors Montserrat, tampoco descartó ayer presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. En la reclamación que firma Juan Carlos Vera como representante ante la Junta Electoral, los conservadores vuelven a reivindicar la «igualdad entre los actores» que participan en los comicios y avisan de que también los medios de comunicación públicos, como TVE, deben mantener una «estricta neutralidad» durante los periodos de elecciones.

Los populares llevan días reprochando los llamados «viernes sociales» del Gobierno. «Esta campaña de aprobaciones y su difusión tiene un claro tinte electoralista y puede condicionar la formación de la voluntad de los electores antes los comicios del 28 de abril», denuncian ahora en su reclamación formal. En el texto recogen unas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el 25 de febrero: «Estén atentos todos los viernes porque las ruedas de prensa van a ser sustanciosas». Y adjuntan el minutado del Telediario de TVE el 1 de marzo tras el Consejo de Ministros. «El tratamiento (…) -sostienen- fue de un claro apoyo a esas medidas dedicando una entradilla de 1 minuto y, posteriormente, un reportaje de 7 minutos en el que la vicepresidenta del Gobierno trató de defenderse de la instrumentalización de las instituciones».

Casado, que estaba esta mañana en Pamplona para firmar su coalición electoral con UPN, ha añadido, además, que la actuación del Gobierno «entra en el terreno de la gravedad». «Pedro Sánchez supera a ZP -se ha referido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero- y lo que está haciendo es prometer, con reales decretos multimillonarios que no va a poder ni aprobar ni pagar, lo que no ha hecho en ocho meses». El líder de los populares incluye el acto del jefe del Ejecutivo ayer en Granada, en el que subrayó su voluntad de «gobernar hasta el último minuto de la legislatura», como muestra de un incumplimiento de la normativa. «No se pueden usar las instituciones -ha concluido- para atacar a los adversarios políticos».

Mientras, la Junta Electoral Central ha pedido a la Secretaría de Estado de Comunicación que formule las alegaciones que entienda oportunas antes del jueves a las 13 horas. El Ejecutivo considera que ha actuado en todo momento de acuerdo con la ley y está convencido de que así lo determinará el órgano competente. Fuentes de la Moncloa han trasladado que atenderán los requerimientos en los plazos establecidos y «con los argumentos que reflejen el correcto proceder del Gobierno en el cumplimiento de la LOREG».

Además, esgrimen que las ruedas de prensa que se celebran tras los Consejos de Ministros son «el canal oficial de comunicación del Gobierno con la opinión pública, a través del cual se transmiten y explican cada semana, también en periodos preelectorales, las medidas adoptadas por este en el desempeño de su labor constitucional».

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, recordó también ayer que el Gobierno no entra en funciones hasta que se celebren los comicios del 28 de abril.