Casado mantiene bloqueado el Poder Judicial mil días después de agotar su mandato

La ministra de Justicia exigió este lunes al principal partido de la oposición que negocie «sin chantajes institucionales» y con «sentido de Estado». Pilar Llop se reunirá el miércoles con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, para desatascar el bloqueo. También el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hará un nuevo intento con los populares en los próximos días. Pero no parece que vayan a hacer cambiar al líder de la oposición. El secretario general del PP reclamó hoy al Gobierno que dé «pasos firmes» para la «despolitización de la justicia» porque de no ser así será «muy difícil que el Consejo vaya a renovarse».

Teodoro García Egea camuflaba con esas palabras la demanda de un cambio del sistema de elección de los vocales para que doce de los veinte vocales sean designados por los jueces sin el filtro de los partidos. El modelo vigente consiste en que el Congreso y el Senado nombran a esos doce vocales a partir de una lista elaborada por las asociaciones judiciales. Los otros ocho son propuestos por la dos cámaras legislativas.

La fórmula del protagonismo de los jueces está respaldada por la mayoría de asociaciones judiciales y cuenta también con el respaldo de organismos internacionales. El Gobierno no comparte el cambio, pero además aduce que emprender esa reforma legal puede llevar meses y mientras tanto el Consejo seguiría sin renovarse.

Este empantanamiento tiene antecedentes porque no es la primera vez que el PP recurre el bloqueo para debilitar al Gobierno, Lo hizo José María Aznar en 1995, cuando paralizó durante ocho meses las negociaciones. Mariano Rajoy metió en el congelador la renovación entre noviembre de 2006 y septiembre 2008, un año y diez meses. Casado ha batido el récord con mil días, dos años y ocho meses.

El líder de la oposición ha esgrimido en este tiempo argumentos muy variados para dilatar la negociación. Ha apelado a la presencia en las conversaciones de Unidas Podemos, un partido, según Casado, contrario a la Constitución y a la Monarquía. También ha vetado los nombres de dos vocales aceptados por sus negociadores. Victoria Rosell, por su identificación con los morados, y José Ricardo de Prada, por su papel en la sentencia del 'caso Gürtel' que se llevó por delante el Gobierno de Rajoy.

El cambio de la fórmula para designar a los integrantes del gobierno de los jueces es el último para mantener el bloqueo. Un requisito cuya seriedad se resiente porque el sistema en vigor se aprobó en el Congreso en 2013, cuando el PP tenía mayoría absoluta, y fue el que se aplicó para elegir al actual Consejo del Poder Judicial. Si los populares querían cambiarlo tuvieron una oportunidad de oro durante el primer mandato de Rajoy, pero no lo hicieron a pesar de que las asociaciones de jueces ya presionaron entonces por el cambio.

La despolitización del gobierno de los jueces es un argumento recurrente cuando los partidos, sean de un color u otro, están en la oposición. Pedro Sánchez, por ejemplo, defendía en 2014 «despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y que sea independiente. He propuesto al presidente (Mariano Rajoy) que los partidos dejemos de proponer candidatos». Una vez instalado en la Moncloa desaparecieron esas intenciones.

Casado ha desempolvado el debate y lo ha hecho desde la posición de fuerza de quien tiene la posibilidad de bloquear cualquier nombramiento. Los vocales del Poder Judicial, al igual que lo miembros de otros organismos constitucionales, requieren el voto favorable de tres quintos en el Congreso y el Senado, una mayoría cualificada que solo se alcanza con los votos del PSOE y el PP.

El Gobierno de Sánchez ha fracasado en todos sus intentos para desbloquear la negociación. Amenazó con reformar la ley y rebajar a una mayoría simple el listón para la elección de los vocales, pero las protestas de la carrera judicial y, sobre todo, un aviso de Bruselas sobre la incorrección de esa vía devolvió el proyecto al cajón. Maniató al Consejo con la prohibición de hacer nombramientos en la cúpula judicial mientras esté con el mandato vencido, una medida que puede tener serias consecuencias en el Tribunal Supremo con el 20% de sus plazas vacantes desde hace meses. Hasta vetó la presencia de Felipe VI en la entrega de despachos judiciales a la última promoción de togados. Pero nada ha hecho cambiar de opinión a Casado.