La rebaja penal allana el camino al pacto entre ERC y PSC aún plagado de espinas

El acuerdo sobre los cambios en el Código Penal, que aún podría deparar alguna concesión más para los independentistas como la reforma de la malversación de atender a lo que sugiere Esquerra, allana el camino al entendimiento entre el Govern y el PSC. Pero no hay que darlo por hecho, porque republicanos y socialistas pugnan por ser la fuerza de referencia en Cataluña, serán rivales directos en las urnas en las municipales, especialmente en Barcelona y su área metropolitana, y las relaciones entre las dos formaciones no son buenas.

Aragonès afirma por activa y por pasiva que sus aliados prioritarios son Junts, la CUP y En Comú Podem. Con ellos querría aprobar los Presupuestos autonómicos. Los dos primeros, en cambio, no se dan por aludidos. Tras salir del Ejecutivo catalán, los de Carles Puigdemont están ejerciendo una oposición dura. Han rechazado el acuerdo sobre el Código Penal y no saldrán al rescate parlamentario de Pere Aragonès, muy solo con el único apoyo de los 33 diputados (sobre 135) de Esquerra.

La Cámara catalana ha constatado esta semana, en una moción impulsada por los junteros, que Aragonès ha perdido la confianza de la mayoría parlamentaria. Lo único que podría obligar a Junts a arrimar el hombro es que se está hundiendo en las encuestas y el temor a un adelanto electoral podría obligarle a cambiar de estrategia. La CUP ni siquiera ha acudido a las reuniones para empezar a discutir los Presupuestos. Solo En Comú Podem se abre a negociar.

El PSC, también, pero el Govern no le concede aún categoría de socio futurible, aunque ya está incluido en la ronda previa de contactos. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, vetó a los socialistas desde el argumento de que no están comprometidos con la «desjudicialización». Lo decía cuando aún no se había cerrado el acuerdo sobre la reforma del Código Penal. Con los días ha matizado su discurso. Ayer cargó las tintas contra el jefe de la oposición, Salvador Illa, y dijo que tiene un «largo camino por recorrer a la hora de reconciliarse con la sociedad catalana» y que mientras no lo haga las «posiciones están muy alejadas». La réplica de los socialistas fue que el PSC ha contribuido a que «algunos salgan de la cárcel». El propio Aragonès ha reconocido que el cambio legal supone un paso muy importante en esa desjudicialización que reclaman él y los suyos.

En el PSC creen que Aragonès ha estado hasta la fecha más preocupado en las elecciones municipales y en conseguir réditos en la mesa de diálogo que en aprobar las Cuentas catalanas. En consecuencia, consideran que busca prorrogar los Presupuestos para evitar la foto del pacto con lo socialistas en vísperas de los comicios locales. Los de Illa amenazan con una moción de censura si hay prórroga presupuestaria. Los republicanos temen el abrazo del oso del PSC: apoyo presupuestario, acompañado de presión al president para que adelante las elecciones. El PSC ganaría hoy las elecciones por delante de ERC, según la última encuesta del CEO de la Generalitat, que apunta que Junts se hunde por salir del Govern y que el independentismo está pagando sus continuas peleas internas.

La reforma legal pactada entre el Gobierno y el Govern ha aumentado las distancias entre ERC y sus antiguos socios: Junts y la CUP, que fueron quienes invistieron a Aragonès. El independentismo más radical anuncia una oposición beligerante. Es el caso de la ANC, que ha convocado una manifestación el 6 de diciembre en Barcelona contra la reforma del Código Penal, al entender que penaliza la movilización y castiga hechos como el 1-O.