La rebaja de la malversación obligará a revisar la pena a Griñán y los casos Nóos, Kitchen o Púnica

Fuentes de las instituciones concernidas avanzan que, en realidad, serán centenares las causas -podrían alcanzar los 500, según algunos de los medios citados- que tendrán que analizarse. La Fiscalía Anticorrupción viene formulando de media anualmente algo más de medio centenar de escritos de acusación en los que se incluye el delito en su actual redacción. Y hay que remontarse a todos los procedimientos hasta 2015, cuando se endureció la pena a la malversación sin lucro.

Las mismas fuentes insisten en que esa revisión masiva se desencadenará de oficio, sin que medie la petición de los abogados, porque el Código Penal, la Constitución y la legislación y jurisprudencia europeas obligan a trasladar a todos los condenados cualquier modificación normativa que sea más beneficiosa para el reo. Cualquier procedimiento en el que un servidor público haya sido sentenciado con la legislación que ahora va a ser alterada deberá ser evaluado, afirman desde los tribunales.

Obviamente, los primeros favorecidos con el cambio promovido por el Gobierno en el Código Penal y aprobado el jueves por el Congreso serán la veintena de políticos independentistas catalanes investigados, procesados o condenados durante el 'procés', desde Oriol Junqueras a Carles Puigdemont. Pero también afectará a decenas de otros exaltos cargos del Govern y alcaldes que han sido encausados por malversación por haber pagado con dinero público actos relacionados con la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.

Pero al margen de este colectivo, que es el que expresamente busca beneficiar la enmienda pactada entre el PSOE y ERC que reduce la pena máxima de ocho a cuatro años cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, la modificación «alcanzará de lleno» al caso del expresidente andaluz y del PSOE José Antonio Griñán. Aunque en el partido y en el Gobierno insisten en que Griñán -que ya ha pedido el indulto- no extraerá ventaja del cambio normativo, responsables de la Fiscalía reiteran que su caso es «de libro», ya que el Supremo, en la sentencia de julio que confirmó los seis años de cárcel por malversación y prevaricación por las ayudas ilegales de los ERE valoradas en 700 millones, también certificó que él no se llevó un solo euro con independencia de que su conducta ayudara a cebar la red clientelar del PSOE en Andalucía.

Otro condenado en firme por corrupción cuyo caso casa a la perfección en la posible rebaja es el Jaume Matas. En el 'sumario Nóos', el expresidente balear del PP fue condenado a 3 años y ocho meses. Aunque Matas malversó el dinero público al contratar a Iñaki Urdangarin y al socio de este, Diego Torres, la sentencia confirmó que él no se enriqueció en esa ocasión.

En Anticorrupción dan por seguro que otro de los supuestos corruptos beneficiados por la reforma va a ser el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por las irregularidades en el Canal Isabel II. En este sumario, una pieza del 'caso Lezo', González está procesado por la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de la empresa brasileña Emissao por la que se pagó en 2003 unos 30 millones de dólares. En esta pieza el magistrado no acusó al ex alto cargo del PP de haberse enriquecido.

La Fiscalía, que tenía básicamente cerrado su escrito de acusación en la pieza 'Kitchen', lo va a tener que reformar, según admiten responsables del Ministerio Público. En esta pieza separada número 7 del 'caso Villarejo' están procesados diversos cargos de la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martinez, por malversación al haber usado dinero público para sufragar entre 2013 y 2015 una operación ilegal destinada a espiar y sustraer documentos a Luis Bárcenas sensibles para el PP. Pero en toda la instrucción no hay una prueba de que los imputados se quedaran con un solo euro de los fondos reservados que emplearon para vigilar al extesorero popular.

Y hay pocas dudas entre los juristas y magistrados consultados en que la rebaja de la malversación también puede afectar al 'caso Púnica', el macrosumario sobre la corrupción masiva en la Comunidad de Madrid durante los gobiernos de Esperanza Aguirre y el mencionado Ignacio González. Una de sus principales piezas se refiere a la malversación de caudales públicos para financiar las campañas del PP madrileño entre 2007 y 2015. En los ocho años de investigación no ha habido indicios de que los altos cargos en el banquillo se llevaran dinero a su bolsillo.