Rajoy reconstruye su actuación en el 'procés' en vísperas de testificar en el Supremo

El expresidente ha dedicado los últimos días a repasar la frenética sucesión de acontecimientos que mantuvo en vilo a su Gobierno. Quienes trabajaron en su núcleo duro rememoran también la cronología desde que el 6 y 7 de septiembre de 2017 los secesionistas impulsaron un entramado normativo para sustentar el proceso de ruptura con el resto de España. El Parlamento autonómico aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, y, bajo el paraguas de la primera, Carlos Puigdemont y sus consejeros firmaron la convocatoria de la consulta del 1 de octubre.

Apenas habían transcurrido 24 horas cuando el Tribunal Constitucional aceptó las impugnaciones del Ejecutivo de Rajoy, dejó en suspenso cautelar la ley reguladora del referéndum y advirtió a los 948 alcaldes catalanes de su deber de obedecer y no participar en la organización de la consulta de autodeterminación. A partir de ahí, los hechos son archiconocidos.

Tras la votación del 1-O, Rajoy aún esperaría, en contacto con el PSOE y Ciudadanos, para cargarse de razones jurídicas y activar el artículo 155. El 10 de octubre, Puigdemont compareció en el Parlamento de Cataluña, asumió el «mandato» expresado en las urnas y, acto seguido, propuso la «suspensión de los efectos de la declaración de independencia». En la Moncloa, con más dudas que certezas sobre lo que acababa de ocurrir, resolvieron convocar un Consejo de Ministros extraordinario y el día 11 se envió un requerimiento al presidente de la Generalitat.

El intercambio de misivas puede ser importante en la declaración de Rajoy en el juicio. En aquella primera carta, el jefe del Ejecutivo reclamó a Puigdemont que aclarara si había proclamado o no la independencia de Cataluña. La respuesta del dirigente catalán no dejó zanjado el asunto y el Gobierno volvió a insistir. «Sí o no». En Presidencia no se dieron por satisfechos tampoco la segunda vez y el Consejo de Ministros decidió remitir al Senado la documentación para la puesta en marcha del 155.

Durante todo ese tiempo, Rajoy y su vicepresidenta asumieron la gestión de la crisis. Soraya Sáenz de Santamaría había dirigido la llamada «operación diálogo», en la que tuvo como interlocutor a Oriol Junqueras, entonces número dos de la Generalitat, y llegó a decir que tendría «despacho en Barcelona» para pilotar las conversaciones. Ahora también declarará como testigo el próximo miércoles.

Ese día acudirán al juicio en el Tribunal Supremo los exministros de Hacienda e Interior. Cristóbal Montoro fue el responsable de la intervención de la finanzas de la Generalitat para controlar que «ni un solo euro» fuera destinado al proceso secesionista. Juan Ignacio Zoido coordinó el despliegue de efectivos de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña en vísperas del 1-O.

Fuentes del PP pronostican que Vox, que ejerce de acusación popular, querrá aprovechar la presencia de miembros del Gobierno de Rajoy para escenificar sus diferencias con el modo en el que se administró el asunto. Fue, de hecho, este partido el que solicitó, junto a las defensas, la testifical. Ya el primer día de juicio, en la puerta del Tribunal Supremo, su presidente, Santiago Abascal, denunció la «inacción» del anterior Ejecutivo. «No fue capaz de sofocar -censuró- el golpe de Estado».

En el PP creen que Vox, que podrá hablar por primera vez en el juicio en la fase testifical porque los acusados han rechazado responder a sus preguntas, busca en el procedimiento un «altavoz» para la precampaña. Pero dan por sentado que Rajoy se ajustará a los hechos sin entrar en controversias de carácter político.