El Gobierno mantiene el pulso a la espera de que Torra rectifique

No ha depositado en ello todas sus esperanzas, pero fuentes del Gobierno confían en que tras la «enésima afrenta» del independentismo y un nuevo capítulo de «victimismo», Torra resuelva revisar su propuesta de consejeros y designar a responsables políticos que, físicamente, puedan hacerse con el cargo. En otras palabras, que el presidente catalán constituya el Ejecutivo «viable» que ayer reclamó Rajoy y que no sea necesario tomar la decisión en firme de vetar los nombramientos y mantener la intervención de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Sin embargo, si ese escenario no llegara a producirse, en la Moncloa creen que el informe que prepara la Abogacía del Estado superará las dudas aún existentes, amparará que no se elijan consejeros en prisión o huidos de la justicia y aclarará si es necesario recurrir los nombramientos de Torra ante los tribunales. Tanto el Ejecutivo como el PSOE y Ciudadanos insisten en que se trata de una cuestión de lógica. Pero de los servicios jurídicos dependerá elaborar el armazón. «La legislación y el derecho, en la mayoría de los casos, lo que hacen es amoldarse al sentido común», confió ayer el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

De momento, la Abogacía estudia todas las opciones. «Tenemos que analizarlo muy bien -argumentó hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría-, porque tenemos la obligación de defender los derechos de los catalanes. ¿Y cómo les explicamos que van a tener un 'conseller' de Salud que sencillamente vive en Bruselas?». Este es el caso de Toni Comín, pero las fuentes consultadas cuestionan también el encaje legal de la designación de Jordi Turull como responsable de Presidencia, Josep Rull al frente de Territorio y Lluís Puig en Cultura. Los dos primeros se encuentran en prisión preventiva y el tercero, en Bélgica.

El artículo 17.2 de la ley de Presidencia de la Generalitat determina que «el nombramiento de los miembros del Gobierno surte efecto a partir de la toma de posesión» y en el Ejecutivo entienden que ese acto de hacerse cargo no puede producirse en ningún caso a distancia. Además, el apartado 10 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que la sede gubernamental es Barcelona, sin perjuicio de que se puedan celebrar reuniones «en otros lugares de Cataluña». Y, por otro lado, la misma norma recoge que el Parlamento autonómico podrá «requerir la presencia» de los consejeros tanto en el pleno como en las comisiones, lo que podría no ser viable al no residir los mismos en el territorio.

En todo caso, el Gobierno rehusó ayer anticipar cuándo concluirá el análisis. Y los tiempos son importantes, sobre todo esta semana en la que se votan los Presupuestos Generales del Estado.

El Ejecutivo necesita al PNV para sacar adelante el proyecto y cualquier paso en falso en la gestión de la crisis catalana podría complicar ese respaldo político. Los nacionalistas vascos se encuentran en la tesitura de apoyar las cuentas públicas sin que el Gobierno haya levantado el 155 en Cataluña y en un momento en el que prevé vetar una Generalitat administrada por dirigentes independentistas huidos o en prisión.

El partido de Andoni Ortuzar anunció ayer que esperará «hasta el último minuto», hasta mañana por la tarde, para decidir si salva o frustra los Presupuestos. Pero el hecho de que el Gobierno pueda aplazar 'sine die' su decisión sobre el futuro de los consejeros, podría allanar el camino al PNV.