Rajoy garantiza que su única respuesta a los terroristas será aplicar la ley

En el Gobierno sostienen que el final por capítulos de ETA forma parte de una estrategia de autobombo. «Ruido», lo calificó el presidente con el ánimo de dejar claro que si la banda ha decidido desmantelar sus estructuras es porque ha sido «derrotada». «Es la única verdad -se reafirmó en un acto en Logroño- que resplandece sobre tanta palabrería». Y en esa batalla por el relato que perdurará tras la disolución, el Ejecutivo cree que no caben concesiones.

«La única política de futuro en materia antiterrorista, como siempre -advirtió ayer Rajoy-, es aplicar la ley, que para eso está, y que nadie se llame a engaño. Nada les debemos y nada les tenemos que agradecer». En realidad, una modificación de la estrategia penitenciaria que contemple un acercamiento de los reclusos de la banda a cárceles próximas al País Vasco, no implicaría saltarse el marco legal. Pero ni en la Moncloa ni el Ministerio del Interior ni el PP contemplan, «en estos momentos», poner fin a la dispersión.

Es más, el Ejecutivo niega que en las conversaciones con el lehendakari o con el PNV se haya hablado de presos. En el Gobierno se desayunaron ayer con las declaraciones de Iñigo Urkullu, que en el diario El País trasladó su impresión de que Rajoy es «sensible» a la demanda de cambios en materia penitenciaria. Una percepción que las fuentes consultadas dijeron desconocer a qué se debe.

Desde que en octubre de 2011 ETA anunció el «cese definitivo de la actividad armada», el Gobierno no ha realizado ningún movimiento en las cárceles y reivindica que en materia penitenciaria ha procedido sin gestos a la organización. Satisfecho de que la reinserción se produzca caso a caso, con el arrepentimiento de cada preso, a día de hoy el Ejecutivo sigue sin ser partidario de respuestas únicas para todo el colectivo. Si es algo que, con el tiempo, verificada la disolución y pasada la página del terrorismo, puede revisarse, se verá.

En los últimos años, el Gobierno de Mariano Rajoy había exigido la desaparición de ETA para modular la política en las cárceles. En octubre de 2016, el entonces ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, dejó en manos de la banda favorecer cualquier posible cambio: «Modificaremos la política de dispersión penitenciaria con carácter general el día en que ETA se disuelva y, si no, individualmente cuando el preso se desvincule».

Del mismo modo, en abril de 2017, el portavoz del PP en el Parlamento de Vitoria, Borja Sémper, respondió en una entrevista en El Diario Vasco que cuando «ETA se disuelva y deje de ejercer presión sobre el colectivo de presos, la política de dispersión carecerá de sentido». «Si ETA se disuelve mañana -apostilló-, la política de dispersión cambiará en 48 horas». Pero ahora que el día ha llegado, se impone la cautela.

En lo inmediato, el Gobierno no daría ningún paso que pueda ser entendido como contrapartida. «No hemos tomado ninguna decisión en términos de compensación de una posible disolución de ETA», hizo ver ayer en Cope el coordinador del PP, Fernando Martínez-Maillo.

Además, el Ejecutivo cree que debe primar el recuerdo de quienes han sufrido el acoso de ETA. «El agradecimiento y el reconocimiento es para tantas víctimas que siempre estarán en nuestra memoria», reiteró Rajoy antes de homenajear a las fuerzas de seguridad del Estado y subrayar que no habrá «impunidad» para los crímenes «haga lo que haga» la banda.

Pero, además, el Gobierno no envía señal alguna de querer cambiar de estrategia. En todo caso, el consenso político se tornaría complicado con Ciudadanos, que en estos momentos ya acusa al PP de negociar la situación de los presos con el PNV.