El pulso Gobierno-PP por el Constitucional asoma al Estado a un choque de poderes

Los dos grandes partidos españoles llevan cuatro años de un pulso extenuante que impide la obligada renovación del Consejo, hibernada por un bloqueo insólito en su 42 años de funcionamiento. Pero con ser grave, es la derivada de esa parálisis –la hoy también incierta actualización del TC– la que está asomando al Estado al abismo de un choque entre poderes sin precedentes y de impredecibles consecuencias si se consumara. La pugna que libran en la Justicia el PSOE y el PP –«el estropicio», según ha definido sus consecuencias el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, alejado hoy de los populares que le avalaron en su día– tiene un hito este martes 13, de septiembre. No parece que la sangre vaya a llegar al río ya. Pero el riego sanguíneo lleva veneno para la normalidad institucional.

El relato que desemboca en este martes y 13 marcado en rojo, cuando vence el plazo forzado por ley por el Gobierno para que el CGPJ designe las dos vacantes del TC que le competen –hay otras dos que penden del Consejo de Ministros–, requiere una trabajosa pedagogía para guiarse no solo a través de la complejidad del Poder Judicial, sino de los intereses que se dirimen. En un resumen para legos –socialistas y populares se benefician en su disputa de la indiferencia ciudadana hacia este fárrago–, el cuadro de la crisis viene a pintarse como sigue.

El PSOE y el PP llevan un cuatrienio culpándose uno a otro de vetar la renovación constitucional de los 20 vocales del CGPJ y su presidente. Las mayorías de tres quintos en las Cortes que requieren los nombramientos hace inviable, si no media un pacto entre las dos principales siglas del país, la actualización del órgano que, entre otras responsabilidades, decanta los cargos de la Magistratura. Hoy se identifica al Consejo con un predominio conservador que el Ejecutivo pretende revertir y el PP se resiste a ceder.

El Gobierno trató en 2021 de remover lo que tacha de «rebeldía inconstitucional» de la oposición propulsando una reforma legal que ha desposeído al Consejo de su potestad para realizar nombramientos mientras continúe en interinidad. Y es en este punto del ya preocupante bloqueo institucional donde irrumpe la renovación del Constitucional, que ha de efectuarse por tercios de sus 12 integrantes. Desde junio están fuera de mandato el presidente, Pedro José González-Trevijano, los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez –los tres en la órbita conservadora– y el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, de adscripción progresista.

La relevancia de los equilibrios del TC –que además de las leyes citadas tiene en su horizonte posibles asuntos calientes como los indultos de los líderes del 'procès' independentista o el del socialista José Antonio Griñán tras el fraude de los ERE– quedó evidenciada cuando Sánchez y Pablo Casado, enfrentados en todo, pactaron hace un año el relevo de otros cuatro magistrados. Fue una tregua de ocasión. Meses después, el PSOE impulsó una reforma de su propia norma para devolver al CGPJ la facultad de nombrar. Pero solo a los dos miembros del TC, la elección que el Gobierno pretende acelerar para poder designar, a su vez, a los otros dos que le competen. El objetivo es dar un vuelco a la mayoría en el TC–7 a 5– que suma ahora el sector conservador. Fuentes consultadas ven planear en el reajuste legal la sombra del exfiscal general Cándido Conde-Pumpido en su querencia por presidir un TC con hegemonía progresista

Este inminente martes y 13 es clave porque se trata de la fecha determinada por la contrarreforma del Ejecutivo para que el presidente Lesmes y los 18 vocales del CCPJ procedan a los nombramientos (el órgano tiene dos vacantes por fallecimiento y jubilación). Pero salvo mayúsculo giro, todo apunta a que dentro de 48 horas no habrá fumata blanca. Un vacío que lleva consigo el germen del posible choque de poderes.

El malestar ante la imposición de un plazo por el Ejecutivo ha cristalizado en un plante del bloque conservador mayoritario en el Consejo del que –en un embrollo más– se desmarcan Lesmes y otros dos vocales afines. El CGPJ celebró el jueves un pleno permeado por la división interna, que acabó embridada gracias a una salida vaticana: conservadores y progresistas se dan tiempo para cubrir las vacantes del TC tras acordar el procedimiento. Una suerte de placebo llamado a aligerar la tensión, sin que se despeje hasta cuándo se dilatarán las designaciones.

Si este es el precipicio con el que flirtea el CGPJ, el Gobierno –que también ha templado gaitas en las últimas horas evitando acusar a los vocales díscolos de incumplir la ley– lo hace con la posibilidad de tirar para adelante con sus dos nombramientos, haga lo que haga el Consejo. Una opción de fuerza que Sánchez alentó a finales de julio, pero que ahora ha devenido en cautela en el Gobierno. «No vamos a adelantar lo que haremos. El PP dice cosas y hace lo contrario. Nosotros no decimos nada y haremos lo que consideremos», arguyen desde su núcleo duro. Pero ese golpe encima de la mesa tropezaría con la legalidad constitucional que establece la renovación de la corte de garantías por tercios. Y con el riesgo de que sea interpretado en el Poder Judicial como una declaración de hostilidades.

Este crítico retrato incluye una última pincelada nada superflua. A los cuatro magistrados del TC con sus mandatos ya caducados se suma un quinto, el conservador Alfredo Montoya, que renunció en julio por motivos de salud. Lo que agudizaría lo que una fuente jurídica califica como «el dilema» del PP: si estirar la cuerda del bloqueo hasta las elecciones generales fiándolo a que las ganará o explorar un acuerdo con el PSOE que evite una eventual mayoría en el TC claramente decantada hacia el ala progresista –7 a 4– por la baja de Montoya.