El pulso por el Constitucional alcanza hasta su presidencia

La maniobra propulsada desde la Monclo y ejecutada por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos para cambiar de forma fulgurante las leyes del Poder Judicial y del Constitucional, con la justificación de salvar a la justicia del «secuestro» a que la somete el PP, persigue rebajar a mayoría simple los tres quintos exigidos ahora al CGPJ para elegir a los magistrados del TC, acelerar los nombramientos bajo amenaza penal para los vocales díscolos y despojar a la corte de garantías de su facultad para evaluar la idoneidad de las dos designaciones que competen al propio Gobierno. Y esas enmiendas exprés que intervienen en el marco regulador del órgano de gobierno de los jueces y del máximo intérprete de la Constitución resumen el estado de un pulso que se despliega en varios campos de batalla paralelos y que alcanza ya de lleno a la futura presidencia del TC.

El cuadro previo, sin el que no se entiende lo demás, a este convulso viernes de puente se pintaba con un puñado de grandes trazos entremezclados. Primero, los cuatro mandatos en el Constitucional caducados desde junio –los de González-Trevijano, Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez (conservadores) y el vicepresidente Juan Antonio Xiol (progresista)–. Segundo, un CGPJ un cuatrienio ya en interinidad por el disenso entre el PSOE y el PP y con la mayoría conservadora dilatando la elección de los dos magistrados del TC que le corresponden. Tercero, un Gobierno que dio el primer apretón al acelerador hace dos semanas al lanzar a sus dos candidatos decantándose por el muy controvertido Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y muñidor de los indultos del 'procès', y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez; y un Constitucional que con los progresistas Balaguer y Xiol sumándose a los conservadores frenó el intento de Conde-Pumpido de dar el visto bueno ya a Campo y Díez.

Este escenario tenía –y aún tiene– una fecha marcada en rojo en el calendario: el 22 de diciembre, cuando el Consejo iba a reunirse para analizar, al fin, los nombramientos al TC pendientes, un pleno auspiciado por los conservadores para desmontar la tesis de que son ellos los que bloquean. Aunque lo que está en juego es incluso de más largo alcance y atañe a la presidencia del Constitucional. Impulsar la votación para la que este bloque aún no ha formalizado candidato –suenan, entre otros, los jueces del Supremo César Tolosa y Pablo Llarena (instructor del 'procés')– iba a escenificar su veto al planteado por los progresistas: el magistrado de la Sala de lo Contencioso José Manuel Bandrés, al que los conservadores atribuyen cercanía al Gobierno y a la pretensión de pilotar el TC de Conde-Pumpido, cuya mujer, la jueza Clara Martínez de Careaga es vocal del CGPJ.

El Ejecutivo se ha escudado en el bloqueo, del que responsabiliza a los conservadores, para maniobrar intentando anticiparse con su reforma legal al pleno del 22. Pero lo cierto es que ese día cabía –y todavía cabe– que la candidatura del progresista Bandrés no saliera y sí la opción de los conservadores si estos atraen a la mayoría necesaria de 11 votos a Enrique Lucas, cuya posición se antoja clave también ante el nuevo pleno forzado ahora por los conservadores para contrarrestar «la cacicada» del Gobierno. Este vocal, propuesto por el PNV, se abstendrá si aflorara como alternativa de consenso su hermano, el magistrado del Supremo Pablo Lucas, con predicamento progresista pero también entre los conservadores.