El pulso en aguas de Gibraltar tensa las relaciones con el acuerdo post Brexit encallado

La «intromisión» de buques de Estado británicos en áreas españolas llevaron al Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel Albares a emitir una queja formal la semana pasada al considerar estos hechos violaciones a la soberanía nacional. Una cusación a la que el Ejecutivo liderado por Fabian Picardo respondió reafirmando que estas aguas son británica, aunque confiando en que estos hechos no afecten a la negociación del tratado que debe regir la relación entre Bruselas y el enclave.

España concedió, con base en un acuerdo temporal y unilateralmente, el libre paso en las fronteras a trabajadores y turistas tras la salida del Reino Unido del club comunitario; y, como integrante de la mesa negociadora de la delegación de la UE, debe dar su conformidad a cualquier pacto. Pero el hostigamient o a dos pesqueros andaluces, el vertido realizado por un metanero que llegó a aguas españolas y el episodio entre una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera y un buque auxiliar del puerto de Gibraltar han vuelto a tensar las posiciones en un contexto político que no ayuda.

«Creo que este tipo de incidentes no son definitorios como para impedir que continúe la negociación, pero es cierto que enturbian las relaciones y alimentan a las partes que están interesadas en que no se llegue a ningún acuerdo», explica Jesús Verdú Baeza, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz (UCA).

Las conversaciones entre Londres y Madrid se paralizaron tras el adelanto de las generales y no tienen visos de reiniciarse teniendo en cuenta el horizonte político que se dibuja en Madrid, a las puertas del debate de investidura de un candidato sin apoyos y la amenaza de bloqueo si el PSOE no se pliega a las reivindicaciones soberanistas.

En paralelo, el ambiente preelectoral ya se respira en la Roca. El modelo de Andorra –la solución que Peter Caruana, el que fuera ministro principal de Gibraltar, puso como posible solución para el conflicto cuando España y Reino Unido hablaban de compartir la soberanía del Peñón en 2002 – resucitó en julio como arma arrojadiza entre Picardo y el líder de la oposición, Keith Azopardi. El primer ministro explicó en un mensaje en la red social X que ese era el motivo por el que no invitaría a Azopardi a participar en la negociación posterior al Brexit, tal y como éste demanda desde hace tiempo.

«Al igual que en España hay sectores poco proclives a un acuerdo porque alimentar esa tensión despierta sentimientos nacionalistas muy potentes entre sus bases, también los hay en la parte británica. Hablo de sectores cercanos al Ministerio de Defensa, en el que han considerado que sus intereses estratégicos deben primar siempre sobre otros», argumenta Verdú. «La paradoja», en opinión de este profesor, «es que si este acuerdo se traslada alguna vez a un tratado, Gibraltar tendrá un estatuto europeo mucho más potente que el que tenía cuando Reino Unido pertenecía a la UE».

Los expertos en relaciones internacionales consultados inciden en que, tras el «principio de acuerdo» 'in extremis' que se alcanzó el 31 de diciembre de 2020 y trece rondas negociadoras, se había avanzado a buen ritmo y estiman que hay consenso en torno al 95% del acuerdo. «El Gobierno de Pedro Sánchez ha incidido mucho en la cooperación transfronteriza y en lo que yo he llamado 'modus vivendi', los acuerdos sobre medio ambiente y de paso por la Verja. Pero si cambia el Gobierno o si Vox entra en el Ejecutivo, el planteamiento podría ser distinto y creo que las conversaciones irían por mal camino o se cerrarían», pronostica Alejandro del Valle, catedrático de Derecho Internacional Público de la UCA.

Los escollos que quedan por resolver son las relativas a los símbolos y a la soberanía y la integración o no de Gibraltar en el espacio Schengen. Y si bien es cierto que no existe una fecha límite para consensuar un tratado, «España no puede mantener indefinidamente una situación de una frontera exterior abierta si no hay un marco legal. Esta es una situación cogida con alfileres», advierte Del Valle. Desde su punto de vista son los gibraltareños, los británicos y los trabajadores del Campo de Gibraltar de Cádiz los que sufrirán las consecuencias –en caso de que no alcance un acuerdo– de una frontera exterior «dura».