Puigdemont, el resucitado emblema del 'procés'

Aunque a muchos les parezca una vida, apenas han transcurrido ocho años desde que un casi desconocido Carles Puigdemont, hasta entonces alcalde de Girona, aceptara convertirse en el presidente de la Generalitat tras el veto de la CUP a Artur Mas. Ocho años, eso sí, de vértigo y en los que ha pasado de todo: un referéndum ilegal con Puigdemont como principal promotor del que supuso el mayor desafío -este político- al Estado desde el 'tejerazo' del 23-F; la movilización de miles de policías y guardias civiles para reprimirlo; una huida a Bélgica; dos detenciones en Alemania e Italia; un juicio al procés y el posterior indulto a los encausados; dos elecciones autonómicas catalanas que desembocaron en gobiernos separatistas pese a que las de 2017 las ganó Ciudadanos y las de 2021, el PSC; unas generales, las del 23 de julio del año pasado, con un escrutinio endemoniado que aupó a los siete diputados de Junts al pódium del protagonismo de la legislatura; una investidura, la de Pedro Sánchez, a cambio de una controvertida ley de amnistía aún pendiente de aprobar en las Cortes…

Y todo ello entremezclado, sin tregua, con un complejísimo proceso judicial internacional para intentar traer de vuelta al expresident prófugo en Waterloo, con su inmunidad como europarlamentario pendiente del hilo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y su futuro como candidato a la Generalitat en las catalanas de este 12 de mayo colgando, de un lado, de las urnas y, de otro, de la norma que borrará las causas delictivas asociadas al 'procés'. Este es el denso periplo en este tiempo convulso de quien ha prometido regresar a Cataluña si tiene opciones de ser «restituido» al frente del Govern que amagó con separar la comunidad de la España constitucional.

Ante la negativa de la CUP a investirle, Artur Mas se ve obligado a dar un paso al lado y designa a Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. El heredero del 'pujolismo' se marcha porque la izquierda independentista radical amenaza, incluso, con forzar nuevas elecciones por considerarle atado a las viejas prácticas de CiU, corrupción incluida. Tanto Convergència como Unió aún existían.

Con 70 votos a favor y 63 en contra, el nuevo líder es elegido presidente de la Generalitat. El alcalde de Girona, independentista de primera hora, se convierte así en el 130 presidente de la Generalitat dos horas antes de que finalizara el plazo para la investidura tras una larga negociación entre Junts pel Sí -la marca electoral que agrupaba entonces a CiU y ERC- y la CUP. Dos de los diputados cuperos se abstienen para que Puigdemont se convierta en president.

El nuevo jefe de la Generalitat se compromete de manera solemne, y para asegurarse el apoyo de los cuperos a los Presupuestos, a celebrar un referéndum sobre la independencia. Su promesa es «referéndum o referéndum». La consulta de autodeterminación es el mensaje central de su discurso en la primera jornada del debate sobre la cuestión de confianza a la que se somete.

El Parlamento catalán, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, cruza por primera vez el Rubicón al aprobar las leyes del referéndum y de la desconexión; o lo que es lo mismo, el asidero legislativo para encaminar la comunidad a la ruptura con España. Se suceden dos broncas sesiones, en las que los diputados de la oposición con Ciudadanos, PSC y el PP al frente y una apasionada intervención del portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Cocubiela, denuncian el atropello de los secesionistas. La norma que regula el referéndum sale adelante con el hemiciclo medio vacío, ante el plante de Cs, socialistas y populares.

Puigdemont consuma el desafío y celebra un referéndum sin amparo en la legalidad constitucional y estatutaria. Votan 2,3 millones de personas. La intervención de los cerca de 8.000 policías y guardias civiles enviados a Cataluña por el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar la consulta, sin lograr interceptar las urnas escondidas en la localidad francesa de Elna, acaba con un millar de heridos. Los Mossos d'Esquadra no intervienen.

Una Cámara catalana partida en dos aprueba la declaración unilateral de independencia. Pero la DUI solo dura 56 segundos. «El Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el que no es posible llegar a una solución acordada», apunta Puigdemont, quien no se atreve a arriar la bandera española del Palau de la Generalitat. Rajoy aplica el artículo 155 de la Constitución, con el respaldo en el Senado del PSOE de Pedro Sánchez, destituye al Ejecutivo comandado por Puigdemont y convoca elecciones autonómicas.

Tras pedir a sus consejeros que acudieran a sus despachos en las consejerías de las que habían sido cesados, Puigdemont se escapa en automóvil a la capital belga en medio de la noche y sin que la mayoría de sus más estrechos colaboradores supiera que tenía prevista su fuga. Fija su residencia en Waterloo. Empieza lo que él denomina «el exilio».

Procedente de Dinamarca, Carles Puigdemont es detenido por la Policía alemana. El expresidente de la Generalitat volvía a su residencia en la localidad belga de Waterloo en vehículo desde Finlandia, donde había impartido una conferencia en la universidad de Helsinki. En el momento de ser interceptado, ya había recorrido alrededor de 1.300km y le quedaban unos 700 para llegar a Bélgica. Estuvo 12 días en prisión. El juez germano autoriza su extradición a España si es para ser juzgado por malversación pero no por rebelión, el principal cargo que entonces le imputa el Supremo. El juez instructor del 'procés' en el alto tribunal, Pablo Llarena, rechaza la entrega solo por el delito menor de los dos.

Tras obtener su escaño en las elecciones europeas y después de un litigio judicial ganado por el líder de Esquerra, Oriol Junqueras -condenado a prisión por los episodios de otoño de 2017 y luego indultado parcialmente por Sánchez-, Puigdemont recoge su credencial permanente como eurodiputado después de que el Parlamento Europeo le levante la prohibición de entrar en el recinto de la institución comunitaria tras la reactivación de la euroorden de detención y entrega cursada por Llarena. El expresident ve reconocida su inmunidad parlamentaria. Sigue esquivando las euroórdenes de extradición.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), antesala del TJUE, le retira por primera vez la inmunidad. Aun así, continúa realizando viajes fuera de Bélgica; singularmente a la Francia fronteriza con Cataluña. Su estrella política, con Pere Aragonès dirigiendo el Govern y Esquerra sosteniendo a Sánchez en la Moncloa, comienza a declinar.

Puigdemont es detenido por segunda vez desde su fuga de la justicia española. En esta ocasión, policías italianos le arrestan en el aeropuerto del Alguer, en la isla italiana de Cerdeña. Queda en libertad al día siguiente por orden del Tribunal de Apelación de Sassari, pero deberá volver a declarar el 4 de octubre.

El Gobierno saca adelante en el Congreso la polémica reforma legal que suprime el delito de sedición y modifica, a la baja, el de malversación para satisfacer las exigencias de sus socios de Esquerra. La reforma sale adelante con 184 votos a favor del Ejecutivo y sus aliados parlamentarios, 64 'noes' y una abstención. El PP y Ciudadanos optan por no votar en protesta por el hecho de que el Congreso no esperase a que el Constitucional se pronunciara sobre los recursos de los populares y Vox para intentar frenar la modificación del Código Penal.

Tras la derogación del delito de sedición, el juez Llarena mantiene el procesamiento de Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig por malversación y desobediencia derivadas de la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. En un auto, el instructor del 'proces' considera que la derogación de la sedición plantea un «contexto cercano a la despenalización» de los hechos investigados, al no encajar en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados promovidos por el Gobierno.

El Tribunal de Justicia de la UE da la razón a España y resuelve que las autoridades judiciales del ámbito europeo que reciban euroórdenes no pueden negarse a ejecutarlas escudándose en presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas.

La Sala de lo Penal del Supremo ratifica la decisión del instructor de procesar a Puigdemont por desobediencia y malversación. «Los encausados desplegaron e impulsaron una desobediencia civil y una insurrección institucional orientada a alterar el orden constitucional, sin ningún llamamiento a la violencia, no unos desórdenes públicos por medio de la violencia», resumen los magistrados.

El Tribunal General de la UE levanta la inmunidad como eurodiputados a Puigdemont, Comín y la exconsejera Clara Ponsatí. No obstante, la decisión del TGUE no es todavía firme. El abogado, en este caso ya del TJUE tras el recurso del expresident, emitirá sus conclusiones este 11 de abril.

En una noche electoral cardíaca, Alberto Núñez Feijóo gana las generales pero sus 136 escaños -serán 137 con el recuento posterior del voto exterior- se quedan lejos de la mayoría absoluta, que no alcanza tampoco contando con Vox. Los 122 -terminarán siendo 121- diputados que cosecha Pedro Sánchez le conceden una nueva vida en Moncloa pero a costa de maniatarse al conjunto del soberanismo catalán y vasco. Los siete parlamentarios de Junts se convierten en decisivos y trasladan la manija de la gobernabilidad a Waterloo.

El Ministerio Público, apenas horas después del endiablado escrutinio electoral, pide al Supremo que dicte de nuevo una orden de busca y captura e ingreso en prisión contra Puigdemont y Comín.

Gonzalo Boye, el letrado que lleva la defensa de Puigdemont, pone como condición a Sánchez para negociar su investidura la exigencia que Junts y también ERC llevan tiempo reclamando: una amnistía para los «4.000» -esa es su cifra- encausados por el 'procés', al considerar que es «la vía más impecable y limpia para solucionar un problema que nunca debería haber llegado a los tribunales».

Pablo Llarena anuncia que no resolverá por el momento las peticiones de la Fiscalía y la acusación popular para que se reactiven las euroórdenes contra Puigdemont y Comín, a la espera de la resolución definitiva de la justicia de la UE sobre la inmunidad.

El líder del PP pide, sin éxito, la confianza del Congreso en un pleno de tres días que se convierte en un alegato del candidato contra la ley de amnistía que los socialistas negocian ya, sin luz ni taquígrafos, con los secesionistas y que se topa con el silencio del presidente en funciones.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón reactiva la causa abierta sobre Tsunami Democràtic, la plataforma independentista que promovió en 2019 las protestas contra la sentencia del 'procés', algunas de las cuales acaban en violencia, e imputa por terrorismo a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, fugada en Ginebra. La Sala de lo Penal del Supremo avalará tres meses después la investigación contra el expresident, al tiempo que un magistrado de Barcelona mantiene en pie el sumario por supuesta traición al Estado por los contactos de la Generalitat en 2017 y años posteriores con la Rusia de Vladímir Putin.

Los de Sánchez y Puigdemont encarrilan la investidura del primero con un acuerdo suscrito por Santos Cerdán y Jordi Turull en la capital belga y que se cimenta sobre la norma llamada a borrar los delitos del 'procés', las comisiones de investigación en el Congreso sobre el 'lawfare' -la supuesta guerra sucia judicial contra el independentismo- y la constitución de un foro de negociación en el extranjero con mediador internacional. El lugar será Suiza y el facilitador, el salvadoreño Francisco Galindo. Antes de llegar aquí, Sánchez ha defendido ante el comité federal del PSOE que es preciso «hacer de la necesidad virtud» con la amnistía, Cerdán se ha fotografiado con Puigdemont en Bruselas y el ministro Bolaños ha sellado la alianza paralela con ERC.

El PSOE registra con el aval de sus socios, aunque en solitario, la proposición de ley destinada a amnistiar una década de actuaciones vinculadas al proceso de ruptura de Cataluña con España. El temor de Junts a que Puigdemont sea procesado por terrorismo y/o alta traición al Estado traba la norma, la tumba en el Congreso esta pasado 30 de enero y obliga al Gobierno a rehacerla. La norma, que provoca una profunda división política, judicial y social, es aprobada por la Cámara baja este 14 de marzo y comienza un nuevo vía crucis en el Senado.

El líder del PSOE cosecha la mayoría del Congreso necesaria gracias al apoyo del soberanismo y emprende su tercer mandato, condicionado desde sus albores por el pacto con Puigdemont.

El inesperado no a los Presupuestos del Govern de En Comú, la marca de Ada Colau asociada en Cataluña antes a Podemos y ahora a Sumar, lleva a Pere Aragonès a adelantar las autonómicas catalanas el 13 de marzo, la víspera de que el Congreso refrende la amnistía. El 21, Puigdemont anuncia en una comparecencia multitudinaria en la localidad francesa de Elna, a una treintena de kilómetros de la frontera, que encabezará la candidatura de Junts a la cita con las urnas precipitada al 12 de mayo. El expresident, que da aire a su agenda independentista, se compromete a regresar a Cataluña, hagan lo que hagan los jueces, si es propuesto para la investidura. La previsión es que la amnistía esté publicada ya en el BOE para entonces, aunque el futuro procesal de Puigdemont sigue rodeado de incógnitas. La ley obliga sobre el papel al Supremo a levantarle la orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión según entre en vigor.

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