Puigdemont también recurre a la colecta de fondos por internet para pagar su defensa

El expresidente de la Generalitat, preso en Alemania, y los exconsejeros Antonio Comín, Meritexel Serret y Lluís Puig, huidos en Bélgica, han abierto una web para recibir las aportaciones de los simpatizantes con la causa independentista. El equipo de Puigdemont ha pedido desde la cuenta de Twitter del exgobernante ayuda para financiar «las necesidades» del equipo jurídico, del de seguridad y la logística de los huidos «ante la represión ejercida por el Estado español».

En la web, que recuerda que cumple los requisitos de la ley de protección de datos, aparece un formulario para que el donante escriba sus datos y la cantidad que aporta, así como una casilla para recibir información sobre los gastos que se han cubierto con su dinero. La página, sin embargo, no tiene contador de los fondos recaudados, aplicación que sí tiene la de la exconsejero Ponsatí, que hasta mediodía del jueves llevaba recaudados 245.000 euros.

Es la primera vez que Puigdemont recurre a la solidaridad de sus seguidores para financiar sus actividades. Se daba por supuesto que las sufragaban empresarios afines, sobre todo su amigo Josep María Matamala, fiel acompañante del expresidente desde que se fugó el 29 de octubre y firmante del contrato de alquiler por 4.400 euros al mes de la residencia de Waterloo. Esa es la única suma que ha trascendido de los costes de la huida. Se desconoce a cuánto ascienden las facturas del bufete de su abogado Jaume Alonso-Cuevillas, y sus equipos jurídicos en Bruselas y ahora en Alemania, que estará encabezado por Wolfgang Schomburg, un penalista alemán, exjuez del Tribunal Supremo y con experiencia en tribunales internacionales. La seguridad corre por cuenta de agentes de los Mossos d'Esquadra en sus días libres a los que, en teoría, solo tendría que pagar su manutención.

Desde el entorno de Puigdemont aseguran que hasta ahora nunca han recurrido a las cajas de solidaridad de la ANC o de Ómnium, de las que salió el dinero para pagar las fianzas de los exconsejeros o de la expresidenta del Parlamento catalán, ni de la Asociación Catalana por los Derechos Civiles, volcada en las familias de exaltos cargos en prisión o huidos en el extranjero.