Puigdemont pide a la UE que castigue a España y le deje sin voto en el Consejo

Puigdemont, que iba de cabeza de lista de JxCat a las europeas y de momento se ve fuera de la candidatura por el veto de la Junta Electoral, ha comparecido esta mañana en Bruselas para anunciar que impulsará una iniciativa ciudadana europea que pida a la Comisión Europea que inicie el proceso sancionador contra España. La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo para la República y la ANC. La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha señalado que España debe ser sancionada porque no cumple las normas de derecho europeo, no respeta a las minorías y su justicia está politizada. La petición denuncia supuestas vulneraciones de derechos fundamentales en Cataluña por parte del Gobierno español, incluida la violación de la «dignidad humana, la libertad, la democracia, el respeto igualitario de los derechos humanos y de las minorías». Los soberanistas ponen como ejemplo el veto de la Junta Electoral a la candidatura de Puigdemont, Comín y Ponsatí. «España es un Estado miembro donde se aplica el Estado de Derecho, donde los derechos democráticos se respetan plenamente y donde los derechos humanos se respetan plenamente», señaló recientemente el primer vicepresidente y responsable de Estado de derecho de la UE, Frans Timmermans, en un debate con el consejero de Exteriores, Alfred Bosch.

Puigdemont, cuyo rostro aparecerá en las papeletas de JxCat, está dispuesto a dar la batalla jurídica para poder presentarse. El abogado Gonzalo Boye, que le sustituye como cabeza de cartel, y el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, ofrecerán esta tarde una rueda de prensa para explicar el recurso presentado contra la decisión de la JEC sobre la candidatura JxCat. Los nacionalistas anunciaron que recurrirán al Supremo, al Constitucional y al Tribunal de Luxemburgo.

En cuanto los independentistas presenten la iniciativa en la UE, la Comisión tendrá dos meses para decidir si la admite a trámite y la registra. Debe valorar si se encuentra dentro de sus competencias, si es abusiva, frívola o vejatoria. Si Bruselas admite el registro, los secesionistas tendrían un año para recoger un millón de firmas para impulsar la iniciativa, que si llega al final sería expuesta en detalle ante el Ejecutivo comunitario y en el Parlamento Europeo, aunque la Comisión no está obligada a proponer medidas concretas como conclusión.