Puigdemont, la incierta orden de detención e ingreso en prisión

Sobre el papel, y con inédito conflicto institucional mediante con el Congreso, el Senado agotará en mayo los dos meses que el PP pretende estirar al máximo para tramitar –tumbándola– la amnistía. Su aprobación definitiva por el Congreso y su publicación en el BOE se prevé, en consecuencia y como pronto, para finales de ese mes; es decir, entre las catalanas y las europeas y antes de la citación de Puigdemont por el Supremo. La ley da dos meses a los jueces para aplicarla, bien de oficio, bien a instancia de parte. De ahí partiría la convicción de Puigdemont de poder asistir a su investidura si tuviera opciones de ella.

La norma fuerza, en sentido literal, a levantar toda medida cautelar que pese sobre los cientos de encausados por el 'procés' cuando sea publicada en el BOE, pero desde los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y los del Senado a la Comisión de Venecia, han expresado sus dudas sobre que esa obligatoriedad pueda ejercerse hurtando a los jueces capacidad de maniobra. En la práctica, supondría que una vez que la amnistía entrara en vigor, nada impediría a Puigdemont cruzar la frontera de vuelta a casa. Pero está por ver qué riesgos está dispuesto a correr él y el manejo por el Supremo de la cuestión prejudicial ante la UE que se da por hecha.