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Miércoles, 30 de octubre 2019, 21:51
Quince días después de la sentencia, el secesionismo constituyó este miércoles la autoproclamada Asamblea de Electos de Cataluña, un organismo al margen de las instituciones que reunió por primera vez a buena parte de los dirigentes independentistas que desempeñan un cargo público, ya sea ... diputados, senadores, europarlamentarios, concejales o alcaldes, con Quim Torra, Pere Aragonès y Roger Torrent a la cabeza. En total, la cita reunió a unos 2.000 dirigentes independentistas, convocados por Carles Puigdemont desde el Consejo para la República. Cada uno de los asistentes tuvo que abonar una cuota de 10 euros para costear el alquiler del palacio de convenciones de Barcelona.
La AMI ya lanzó en 2016 el embrión de la Asamblea. La presentó como una herramienta útil ante una hipotética suspensión de la autonomía catalana para seguir avanzando con el 'procés' y aprobar una declaración de independencia. Pero nunca llegó a ponerla en marcha. Hasta este miércoles. En esta ocasión, quien la impulsó fue el expresidente de la Generalitat para llamar a la unidad independentista, pero las intervenciones de los cargos electos constataron la división profunda que hay en el movimiento. Los gritos a favor de la dimisión de Buch fueron una constante.
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Los socios del exalcalde de Girona participaron sin demasiado entusiasmo, pero a 10 días de las elecciones generales nadie podía faltar. Puigdemont habló a través de videoconferencia y se leyó una carta de Carme Forcadell. Que Oriol Junqueras no enviara ni un saludo ya es significativo del apoyo de ERC a la iniciativa. La Asamblea aprobó un manifiesto fundacional según el cual defiende el derecho de autodeterminación, la amnistía de los presos y exige al Gobierno central a sentarse a negociar en una mesa. «Rechazamos la sentencia, pedimos amnistía y exigimos libertad, damos apoyo a la movilización popular, exigimos diálogo y una mesa de negociación, apelamos a la mediación internacional y trabajamos por la autodeterminación», según el manifiesto fundacional, aprobado por unanimidad.
Carles Puigdemont, en una conexión desde Waterloo, llamó a la unidad para avanzar en el reconocimiento de la República catalana. Según el expresidente de la Generalitat, ha llegado el momento de ir «más allá de los límites» institucionales para recuperar la iniciativa en la construcción de la República. La Asamblea de Cargos electos debe servir al independentismo, dijo, para evitar los límites que a su entender fija la censura del Estado. Puigdemont afirmó que el Estado no dialoga, sino que condena. Por ello, instó a seguir adelante con la vía unilateral desde la premisa de que al independentismo no le regalarán nada y todo lo que tenga que conseguir será a través de sus «propios medios».
Se trata de una primera reunión. Está por ver si habrá más, porque la unidad en el movimiento, al margen de actos como el de este miércoles que son más bien de cara a la galería, brilla por su ausencia. Fue, eso sí, la primera respuesta unitaria a la sentencia del Supremo. Una respuesta de mínimos. Quim Torra abrió fuego cuatro días después de la sentencia proponiendo un referéndum antes de 2021. Se quedó solo. JxCat y ERC no fueron capaces de pactar una resolución conjunta de rechazo al fallo judicial hasta la semana pasada, pero por si acaso ni siquiera la llevaron al pleno y hasta después de las elecciones no se votará en la Cámara catalana. «No queremos humo ni simbolismo», lleva meses advirtiendo ERC a sus socios postconvergentes.
Lo de este miércoles, sin embargo, fue un capítulo más de la dinámica del 'procés' que no sale de los intentos de aprobar foros y organismo rimbombantes, como el Consejo para la República que preside Puigdemont, pero que son de dudosa efectividad. La insistencia del independentismo en crear órganos paralelos no es más que una escenificación de que el independentismo no tiene una estrategia clara sobre cómo hacer avanzar el 'procés' una vez que ya ha intentado la vía unilateral y ha fracasado.
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