El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tirado de ironía para expresar su indignación, tras saber que el Tribunal Supremo le ha abierto una causa por terrorismo en el caso Tsunami Democrático. El líder de Junts, que negocia una ley de amnistía con el PSOE ... , ha hablado en términos de «Mátrix judicial español».
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«El mismo día que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000 euros, ha señalado sobre una información que publica este jueves El Confidencial, me imputan por terrorista». «Creo que ya sólo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá», ha asegurado con sarcasmo el dirigente independentista. «El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación», ha rematado en las redes sociales.
Junts per Catalunya, mientras, ha acusado al Tribunal Supremo de bajar a la «arena política» y de intentar «interferir en la voluntad del legislador», en plena tramitación de la ley de amnistía. La formación nacionalista ha arremetido contra la judicatura española, pues a su juicio se está cargando la separación de poderes, está poniendo en juego el estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales. «Hicieron el ridículo con la acusación de rebelión, con la de sedición y ahora doblan la apuesta con esta acusación de terrorismo», ha asegurado el portavoz de Junts, Josep Rius, desde la sede de la formación.
Junts se ha expresado con contundencia contra el Supremo, pero ha evitado valorar si la imputación de Puigdemont puede afectar el tramo final de las negociaciones con los socialistas sobre la ley de amnistía. «El derecho a manifestarse no es terrorismo», ha asegurado Rius. «Confundir el derecho de manifestación expresado a través de Tsunami Democrático con un delito de terrorismo, refleja lo que ya hemos dicho desde hace años: la falta de cualidad democrática de la judicatura española», ha rematado. Junts ha decretado silencio informativo sobre la negociación de la amnistía. Los dirigentes nacionalistas evitan tanto en público como en privado decir si la acusación por terrorismo puede influir en las conversaciones y guardan silencio también sobre si hay avances en los contactos.
En la misma línea, ERC, tras la imputación de su diputado autonómico, Rubén Wagensberg, ha señalado que los jueces vuelven a hacer política y se han convertido en un «actor político» para tener un «papel» en el proceso de tramitación de la ley de amnistía. Las imputaciones tienen «intencionalidad política», ha reiterado la vicesecretaria general de Derechos y Libertades de Esquerra, Marta Vilaret, que en cualquier caso ha considerado que las acusaciones no se aguantan y decaerán a largo plazo. Los republicanos han instado a Junts a entrar en razón y a no desaprovechar esta oportunidad para votar a favor de la norma la semana que viene. «Hace días que tenía que estar aprobada», ha lamentado.
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Poco antes de que el Supremo hiciera público el auto sobre Puigdemont, Junts ha informado que este próximo sábado ha convocado a su consejo nacional en Llagostera (Girona). Intervendrá la presidenta, Laura Borràs. No así el secretario general, Jordi Turull, que sufrió un infarto el lunes pasado. Junts ha comunicado en una nota que Turull ha sido de alta este jueves y que en los próximos días se reincorporará de forma progresiva a sus responsabilidades.
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