Puigdemont denuncia en una carta a los eurodiputados que España no respeta las sentencias de Bruselas

En su opinión, el hecho de que el Supremo decidiese inhabilitar al líder de ERC, Oriol Junqueras, y mantener las órdenes de detención y entrega contra ellos demuestra que «está actuando claramente contra» la sentencia del 19 de diciembre del TUE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras y el auto del día siguiente que ordenó revisar las medidas que impidieron que pudieran acudir a la Eurocámara en julio.

«Las resoluciones del TUE del 19 y 20 de diciembre tienen que ser respetadas por todos los Estados miembros, incluido España, y debo decir que el Tribunal Supremo español no lo ha hecho ni en nuestro caso ni en el caso de nuestro colega Oriol Junqueras», apunta la misiva.

«Es una indicación clara de que para el Tribunal Supremo español ni la legislación internacional y las sentencias de los tribunales internacionales o europeos son relevantes o deben ser respetadas», añade.

Puigdemont y Comín aseguran en el documento que España el proceso de democratización que España inició hace 42 años «no ha sido ni es una tarea fácil» y añaden que «uno de los problemas pendientes el que afecta a las altas instancias del sistema judicial».

«La agenda política y la jerarquía del sistema judicial español representa las reminiscencias del franquismo, supone una anomalía democrática, un ataque a nuestra libertad y una perversión de sus funciones que daña su imparcialidad y les permite usar y abusar de un instrumento puesto en sus manos por los ciudadanos», subrayan.

Los dos políticos independentistas señalan de hecho en la misiva que el problema de España no es Cataluña o el derecho a la autodeterminación, sino un sistema judicial que «interfiere en la actividad política condicionándola sobre la base de su propia agenda y visión retrógada».

Puigdemont y Comín remarcan en su carta al resto de eurodiputados que finalmente han podido acceder a su escaño en el Parlamento Europeo tras una «tremenda batalla legal» por el reconocimiento de los derechos de sus votantes.

A su juicio, fueron acciones «ilegales» por parte de la Junta Electoral Central (JEC) y del Tribunal Supremo las que han «evitado» que hasta este lunes pudieran «cumplir sus obligaciones como eurodiputados».

En este contexto, aprovechan la ocasión para señalar que su caso demuestra que Europa necesita una ley electoral «común» que regule la elecciones a la Eurocámara y «evite abusos de los organismos administrativos y judiciales» de los Estados miembros.

El expresidente de la Generalitat ha recurrido la decisión del juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, de pedir al Parlamento Europeo el suplicatorio para suspender su inmunidad como eurodiputado y poder continuar procediendo penalmente contra él. Considera que no es competente para ello porque el líder independentista, huido en Bélgica y procesado por los delitos de sedición y malversación, renunció a su escaño en el Parlament, por lo que ya no es aforado.