Puigdemont deberá asumir ya una investidura sin la amnistía aprobada ni el catalán en la UE

Carles Puigdemont, entretanto, da por superado el escollo de la consulta interna del consejo de la república por la vía de guardar mutismo absoluto sobre el resultado. A pesar de que el 75% de las bases, con apenas un 4% de participación, le han pedido que bloquee la investidura, el expresidente de la Generalitat huído mantiene abierta la negociación. Sabe, eso sí, que tiene en contra a buena parte del sector más radical del nacionalismo y que deberá decidir sobre la investidura sin la amnistía aprobada por el Congreso ni el catalán reconocido de manera oficial en la UE, dos de sus exigencias de cabecera.

El PSOE y los independentistas ya no tienen tiempo material para tramitar y aprobar una ley de amnistía en un plazo de un mes, un proceso 'exprés' que los socialistas nunca dieron por bueno. Y respecto al catalán, fue el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien advirtió a los secesionistas de que harán falta «meses» para que el catalán, el euskera y el gallego puedan ser reconocidos como idiomas oficiales en las instituciones europeas, si es que al final el Gobierno consigue poner de acuerdo a los 27. Lo dijo el día después de que Junts le exigiera que fije la fecha en que se aprobará definitivamente este cambio en el uso de las lenguas.

La próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE es el 15 de noviembre, doce días antes de la fecha límite para la investidura. El ministro descartó esta data para validar la oficialidad del catalán. «Los tiempos de Europa no son los de la política nacional», constató. Irlanda necesitó dos años para conseguir el reconocimiento oficial del gaélico, la única lengua minoritaria con estatus de oficial en la UE.

El relato de que Puigdemont cobra por adelantado, a diferencia de Esquerra, se debilita a medida que se acerca la fecha límite para la votación de Sánchez. Para compensar los retrasos, el expresidente de la Generalitat reclama un mediador internacional, consciente de que los compromisos sobre la amnistía o la oficialidad europea del catalán deberán aprobarse en todo caso con la legislatura echando a andar y tras la investidura.

También está poniendo el foco en el reconocimiento de Cataluña como nación, que no necesita más que un acuerdo con Sánchez. Hoy puede haber contactos en este sentido. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viaja a Sant Cugat (Barcelona), donde participa en un acto de la patronal Cecot en el que coincidirá con el president Aragonès, varios de sus consejeros y, sobre todo, con los dirigentes de Junts Jordi Turull y Laura Borràs.

Aragonès y Bolaños se verán en el acto un día después de que ERC haya elevado sus exigencias. A las ya conocidas peticiones de una ley de amnistía, avances en el referéndum, el traspaso de Cercanías y la corrección del déficit fiscal, los republicanos añadieron este miércoles la reclamación al candidato socialista de que desclasifique documentos sobre el 'caso Pegasus' por el presunto espionaje a los independentistas.

En la sesión de control al Govern en el Parlamento, tanto el presidente de la Generalitat como el líder de ERC en la Cámara presionaron a Sánchez. «Con la amnistía no basta», insistieron. «Si quiere volver a ser investido», debe «desclasificar todos los documentos que los jueces pidan y no lo ha hecho», exigió Josep Maria Jové.

Días atrás, un juzgado de Barcelona admitió a trámite la querella que el presidente de la Generalitat presentó como víctima de una intrusión en sus comunicaciones. El magistrado ha citado como investigada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban. «No espero otra cosa que el Consejo de Ministros colabore con la justicia y con el procedimiento judicial, no se entendería otra cosa (...). Hay un compromiso de levantar el secreto de documentos», según Aragonès. Para los republicanos, estas son «exigencias de mínimos».

ERC ha venido dando por hecho el pacto en torno a la amnistía, pero los escollos en torno al relato persisten. Jové dijo que la posible ley tiene que «reparar el dolor causado» tras lo que considera años de «persecución» al independentismo y que debe «reconocer», además, que durante el 'procés' «no actuamos de manera delictiva», remató. Instó asimismo a los socialistas a fijar las condiciones para ejercer la autodeterminación. La amnistía no basta, se necesitan pasos en el ámbito de la autodeterminación como pactar las reglas del juego, según Aragonès.