Un periplo de casi cinco meses que llega a su fin

El 28 de octubre de 2017 el Estado aplica el artículo 155 de la Constitución, lo que tumba el Gobierno de la Generalitat y cesa a Carles Puigdemont como president. Esta medida se tomó con motivo de la celebración del polémico referéndum ilegal del 1 de octubre, cuya celebración fue aprobada el 6 de septiembre en la Cámara catalana gracias a los votos de Junts Pel Sí y la CUP. Además, convoca elecciones para el próximo 21 de diciembre.

Un día después de la aplicación del artículo 155, Carles Puigdemont sale de su casa de Girona rumbo a Marsella, donde cogió un avión para refugiarse en Bruselas. Un viaje que realiza sin ningún inconveniente, ya que aún no pesaba sobre él ninguna orden de busca y captura. El president cesado pide asilo político en la capital europea junto a cinco de los exconsellers cesados.

La Fiscalía anunció que presentaba dos querellas contra Puigdemont y la Mesa del Parlament. En el caso del expresident, la acción legal se presentó en la Audiencia Nacional. En ella se le acusaba de «rebelión, sedición, malversación y otros», según el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza. El Ministerio Público advirtió en su escrito que, en caso de que no compareciesen ante el juez, «el fiscal interesa la inmediata detención» de los querellados.

Carles Puigdemont compareció por primera vez tras su huida en una rueda de prensa en la que aseguró que finalmente no pediría asilo político en Bélgica, pero que permanecería en el país hasta que se diesen «garantías» para regresar a España. Junto a parte del Govern cesado, aseguró que no eludiría la acción de la Justicia, pero que estaba preparado para «combatirla políticamente». «Si hubiera garantías inmediatas de un tratamiento justo, si me permitiera un juicio justo, independiente, con separación de poderes, lo que vemos en la mayoría de países europeos, sin duda retornaría de manera inmediata», zanjó.

El 3 de noviembre la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó una orden de detención internacional contra él por permanecer en Bruselas y desoír la citación judicial para declarar como imputado por rebelión, sedición y malversación de fondos tras la querella de la Fiscalía del Estado.

El día antes Lamela decretó prisión incondicional y sin fianza para el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete exconsellers del Govern catalán.

El PDeCAT respaldó a Puigdemont como cabeza de lista para las elecciones del 21 de diciembre. El expresident realiza una campaña vía plasma desde la distancia durante mes y medio.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena retiró las órdenes europeas de detención contra el expresident y los exconsejeros huidos a Bélgica con el objetivo de evitar que la Justicia belga restringiera los delitos por los que se les acusa en España y conseguir así que todo el antiguo Govern sea investigado en igualdad de condiciones.

Puigdemont obtiene 34 escaños y JutxCat se erige como la segunda fuerza más votada solo por detrás de Ciudadanos (36). El expresident trata de formar un nuevo Govern desde la distancia, ya que para ser investido es indispensable hacerlo de manera presencial en el Parlament. Su plan no llega a buen puerto. Su estrategia pasaba por que ERC aceptase crear un Consejo de la República y reformar la Ley de Presidencia para incluir una eventual investidura telemática o, en un último caso, proponer otro candidato pero manteniendo él ese cargo simbólico y con poder.

La filtración de unos SMS de Carles Puigdemont a Toni Comín, diputado de ERC, dejan en evidencia el proceso independentista y su figura como líder. El programa de Ana Rosa consiguió unos mensajes de móvil del expresident en los que reconocía que «esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo) pero yo ya estoy sacrificado, tal y como sugería Tardà». «No sé lo que me queda de vida, espero que mucha. La dedicaré a poner orden y a proteger mi reputación», añadió.

El candidato de JutxCat anunció que retira su candidatura «provisionalmente» de manera pública y apuntó a Jordi Sánchez -posteriormente arrestado- como su sucesor. Al no poder ser candidato Sánchez, el pasado jueves 22 de marzo el Parlament intentó investir sin éxito a Jordi Turull al no conseguir el apoyo de la CUP.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reactivó la euroorden para los otros cinco implicados en el proceso soberanista huidos en Bélgica y Escocia, entre los que se encuentran el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont y sus exconsellers. También dictó una orden de detención internacional contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, exiliada en Suiza desde el miércoles. Al día siguiente la Policía de Finlandia emitió un comunicado en el que confirmaba que había recibido una orden de detención europea para el expresident y aseguraba que su paradero era desconocido.