¿Renunciará Puigdemont a un sueldo de casi 10.000 euros al mes?

Un trámite que a día de hoy se antoja casi imposible, pues Puigdemont anunció su intención de poner en marcha una estructura estable del «Gobierno legítimo» de Cataluña en el exilio belga y sigue presentándose como presidente en ejercicio. Y a diferencia de los ocho exconsejeros encarcelados, que han acabado acatando el 155, el cabeza de lista de Junts per Catalunya se resiste reconocer su destitución.

Según una instrucción dictada por el Ministerio de Hacienda, que forma parte de las medidas sobre la función pública recogidas en el decreto que aplicó el artículo 155 de la Carta Magna, el expresidente de la Generalitat tiene diez días para acogerse al estatuto de expresidente de la Generalitat. Si lo hiciera, estaría acatando el 155 y estaría reconociendo su condición de exjefe del Ejecutivo. En ese caso, Hacienda, en tanto que la administración catalana está intervenida, pasaría a estudiar la petición.

De acuerdo a la ley catalana de expresidentes, las personas que han ejercido el cargo de presidente de la Generalitat tienen derecho a percibir, por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que cobraba como mandatario. Es decir, si acatara el 155 podría cobrar durante un año (ha estado dos en el cargo) un sueldo de 112.000 euros anuales, algo más de 9.000 euros brutos al mes. El cargo de expresidente incluye además el derecho a un despacho con tres empleados, coche oficial y una pensión vitalicia, a partir de los 65 años (Puigdemont tiene 54), igual al 60% del sueldo de presidente.

El expresidente, sobre quien pesa una orden de busca y captura y una petición de extradición que está pendiente de la justicia de Bélgica, concurrirá como cabeza de lista de Junts per Catalunya a las elecciones del 21-D. Su intención es hacer campaña desde Bruselas, pero estará presente en los actos en Cataluña a través de las nuevas tecnologías. También se especula con que podría regresar a España días antes de las elecciones como golpe de efecto en la jornada de reflexión.

Mientras, el independentismo presentó este martes la Asociación Catalana de Derechos Civiles impulsada por los familiares de los exconsejeros y dirigentes secesionistas encarcelados. La entidad nace para recabar ayudas económicas para cubrir los costes de transporte de los desplazamientos que hacen a la cárcel o a Bélgica.

En la misma línea, la ANC organizará el próximo 2 de diciembre un concierto en el estadio de Montjuïc para recaudar fondos para la llamada caja de solidaridad con la que está haciendo frente al pago de fianzas, multas y condenas de los procesados. La ANC ya ha ingresado en esta cuenta 4,5 millones.