Ábalos firmó una orden para doblar la compra de mascarillas a la 'trama Koldo'

Lo avala una auditoría interna encargada en febrero por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que también se destaca que un decreto del Gobierno de Pedro Sánchez permitió a las administraciones públicas aprobar contratos por la vía de urgencia y sin concurso previo en aquellos momentos.

Puente compareció ayer en el Senado obligado por el PP para explicar lo que los populares han bautizado como «el caos ferroviario sanchista» y ya de paso explicar las medidas que se han adoptado en su departamento tras destaparse los supuestos negocios de García, quien de la mano de Ábalos pasó de ejercer como chófer y guardaespaldas a convertirse en uno de los miembros del consejo de Renfe además de codearse con los líderes del PSOE.

Durante su comparecencia, Puente anunció el cese del subsecretario Gómez y del jefe de personal de Adif, Michaux Miranda. Ambos están investigados judicialmente por la trama que vendió la mascarillas defectuosas y a sobreprecio a distintas administraciones socialistas durante los peores momentos de la pandemia. La red de García se habría embolsado hasta 52 millones de euros, según las investigaciones.

El titular de Transportes señaló en la Cámara alta que al recibir el pasado martes el informe final de la investigación interna se produjo «una pérdida de confianza que ha desembocado en la decisión» de los ceses de los dos altos cargos. Ambos fueron imputados el 29 de julio por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. La Fiscalía Anticorrupción les achaca los delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. «Mi decisión se basa exclusivamente en aspectos administrativos que se han puesto de manifiesto con rotundidad en la auditoría», defendió el ministro en la Cámara alta.

La investigación interna señala que «el inicial encargo de adquirir cuatro millones de mascarillas por el ministerio en atención a las necesidades que este tenía, sufrió una variación al alza en un lapso de tiempo muy escaso, apenas mediaron 38 minutos entre una orden y otra, pasando estas de cuatro a ocho millones de mascarillas». Los responsables de la auditoría resaltan que «no puede menos que llamar la atención que pudiera parecer que la estimación final del alcance de la emergencia duplicada estaría más relacionada con la oferta que con las necesidades detectadas».

El informe ratifica además que la empresa contratada para la adquisición de las mascarillas fue Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, con la que según las pesquisas la supuesta trama negoció con sobreprecio la venta del material sanitario tanto al Ministerio de Transportes como a comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.

La auditoría concluye que existió una «influencia ejercida por personas ajenas a procedimientos reglados». Puente insistió en que él no dirigía Transportes durante la pandemia aunque eludió achacar cualquier culpabilidad a su predecesor Ábalos, quien no está investigado pero fue expulsado del PSOE tras destaparse el escándalo aunque mantiene su puesto de diputado dentro del grupo mixto del Congreso.

Según valoraron fuentes del PP, «Puente ha asumido la corrupción de su Ministerio y cesa a los cargos que defendió públicamente hace unos meses, cuando anunció una auditoría de la que no hemos tenido noticias hasta ahora». «Los acusados de corrupción en el ministerio -añadieron- han sobrevivido a la etapa de Ábalos y a la anterior legislatura y solo han sido cesados cuando Puente se ha visto acorralado».

Puente, abogado de profesión, acusó al PP de exigir dimisiones de socialistas que no han sido imputados por ningún juez. Fiel a su estilo combativo y a modo de contraataque, el ministro señaló que su actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, salía a navegar en barco por las rías gallegas con un traficante, en relación a las fotos del presidente de los populares con Marcial Dorado y nadie en el partido exigió su renuncia a la política.