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Paula de Las Heras / María Eugenia Alonso / Javier Arias
Lunes, 27 de febrero 2023, 23:02
No hay fecha aún para la moción de censura que este lunes, tres meses después de haberlo anunciado, registró el grupo parlamentario de Vox contra Pedro Sánchez. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tendrá que fijarla en los próximos días y cabe esperar que lo ... haga en sintonía con su partido, el PSOE, que ya habla de un plazo tres o cuatro semanas. Sin embargo, las distintas fuerzas políticas ya llevan días meditando sobre cómo afrontar la cita y, de momento, las visiones son dispares. El jefe del Ejecutivo tiene una estrategia y sus principales socios de investidura, 'a priori', otra bien distinta. Sánchez quiere dar a la ocasión todo el boato. Sus aliados, negárselo. Lo mismo que el PP.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ni siquiera tiene intención de acudir al pleno del Congreso para asistir al discurso del candidato propuesto por Santiago Abascal, el economista y exdiputado del PCE Ramón Tamames, de 89 años, a pesar de que podría hacerlo en su calidad de senador. Los populares creen que la iniciativa de Vox, con nulas posibilidades de prosperar, solo servirá para que Abascal saque cabeza y para dar oxígeno al jefe del Ejecutivo en un momento en el que se ve, dicen, «achuchado» por los choques con Podemos, las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí', la 'ley trans' o el 'caso Mediador'.
Formalmente, el PSOE reviste su estrategia de respeto institucional. «Una moción de censura es algo serio y el Gobierno y el partido actuarán con la seriedad que exige el momento», argumentó este lunes la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El planteamiento está en consonancia con el hecho de que el mismo instrumento parlamentario del que ahora echa mano Vox es el que permitió a Sánchez llegar a la Moncloa en 2018.
Los socialistas esgrimen además que no es bueno para la democracia denostar una herramienta como la moción y que haciéndolo se corre el riesgo de alimentar el discurso de la «antipolítica» , que dibuja a los partidos enfrascados en cuestiones ajenas a los intereses de la ciudadanía. Por eso rechazan la idea de boicotear la sesión.
ERC había propuesto a otras formaciones pactar un texto mínimo con el que explicar su renuncia a participar en el debate para limitarse a leerlo cuando llegara su turno. Es algo parecido a lo que ya hizo el PNV en la anterior moción de censura de Vox en octubre de 2020, en la que Aitor Esteban intervino tan solo 82 segundos para negar protagonismo a lo que calificó de mera «patochada». Pero los republicanos pretendían ahora una maniobra orquestada y coral. «Si no es así, participaremos y haremos escuchar nuestra voz», apuntó este lunes su secretaria general adjunta, Marta Vilalta.
Fuerzas como Bildu o como Podemos sí parecían estar en sintonía con esa estrategia. Mertxe Aizpurua, portavoz de los independentistas vascos en el Congreso, defendió la semana pasada que no tiene sentido «desperdiciar» dos días en una moción de censura que no va a salir. Este lunes la coportavoz nacional de los morados, Alejandra Jacinto, tildó de «esperpento» la iniciativa de Abascal y se mostró partidaria de no «hacer perder ni a los grupos ni a la población demasiado tiempo». Sin embargo, otros partidos como Más País o Compromís no la comparten en absoluto. Y el PNV se desmarca de cualquier comportamiento gregario.
La número dos del PSOE fue rotunda en su oposición. «Practicar una política útil significa tomarse en serio los instrumentos democráticos. Las mociones de censura no se presentan solo para ganarse y deberían de saberlo quienes las han presentado en el pasado», dijo en clara alusión a Podemos. En 2017, Pablo Iglesias registró la suya contra Rajoy a sabiendas de que no prosperaría y defendió su utilidad apelando a la que en 1980 planteó Felipe González contra Adolfo Suárez; el líder del PSOE perdió, pero se consolidó como alternativa.
En sentido contrario, los socialistas creen que ahora tienen ante sí la oportunidad de contrastar dos modelos: el de su Gobierno de coalición y el de un eventual Ejecutivo entre PP y Vox. Por eso ignoran al candidato Tamames, que asegura estar preparando su discurso con libertad -el propio Abascal dijo este lunes que se conforma con una «coincidencia de mínimos» entre sus programas- y por eso censuran los intentos de Feijóo de marcar distancias con una abstención. «Una vez más, tira la piedra y esconde la mano», censuró Montero. «A la ultraderecha hay que ponerle un cordón sanitario».
El PP empezó este lunes el cercó al PSOE por el 'caso Mediador' y confirmó que se personará como acusación popular en la causa que investiga en Canarias la supuesta red de extorsión a empresas, en su mayoría del ámbito ganadero, liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. «Hablamos de posibles mordidas para obtener ayudas de la UE, fiestas con prostitutas y con drogas, así como de posibles influencias tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España utilizando el Congreso como lugar de transacciones», denunció el portavoz de campaña, Borja Sémper. Para los populares no es suficiente con que Fuentes fuera obligado a dejar de inmediato el acta de diputado ni que se le abriera expediente de expulsión del PSOE y exigen al Ejecutivo explicaciones «ya». También reclaman transparencia al portavoz socialista en la Cámara, Patxi López, después de que el mediador de la trama desvelara que hasta 15 parlamentarios del PSOE podrían haber llegado a participar en esas fiestas. «No es razonable ni sensato que este caso manche la política española», arguyó Sémper que no descartó más acciones, incluido una comisión de investigación, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. En la dirección del PSOE admiten que lo que se ha conocido del caso «es una vergüenza», que no hace «ningún bien» al partido y que ha servido, además, para dar munición al PP de cara al 28-M. La cuestión preocupa en Ferraz, que aunque circunscribe el caso exclusivamente en Fuentes, ha pedido a sus diputados «extremar las precauciones».
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