El PSOE sienta a Podemos para fijar las reglas de juego tras la indiscreción de Iglesias con los ministros

En un intento de evitar nuevas sorpresas, los socialistas sentaron este miércoles a sus socios de coalición en torno a una mesa para para cerrar un protocolo de funcionamiento de cinco páginas y veinte puntos que regulará su relación futura tanto en el Ejecutivo como en las Cortes. El texto –firmado en un encuentro en el Congreso por las portavoces parlamentarias y lo secretarios generales de los dos grupos, Adriana Lastra, Rafael Simancas, Irene Montero y Ione Belarra– compromete a ambos a mantener, entre otras cosas, una «estrategia de comunicación coordinada y compartida», pero con una subordinación implícita de los podemistas respecto al PSOE.

En Ferraz y en la Moncloa son perfectamente conscientes de que Iglesias está decidido a aprovechar la oportunidad que le brinda estar en el Gobierno y que eso puede provocarles más de un quebradero de cabeza. El mismo miércoles, horas después del debate en el que Sánchez salió investido por fin presidente del Gobierno, ya se sometió a una entrevista en 'La Sexta' en la que defendió que los condenados del procés son «presos políticos». El asunto pasó algo inadvertido, pero en la medida de lo posible, se quieren evitar encontronazos serios que creen disfunciones en la gestión.

El segundo de los puntos del acuerdo firmado en el el despacho de Lastra es ya significativo en ese sentido. En él se establece que la acción del Gobierno ha de desarrollarse con «pleno respeto a la Constitución española y al resto del ordenamiento jurídico», pero hace hincapié, en particular, en el artículo 98 de la Carta Magna, que en uno de sus apartados subraya que es el presidente quien «dirige» y «coordina» las funciones de los demás miembros del Ejecutivo, lo que incluye a los vicepresidentes (cargo que ocupará Iglesias).

El protocolo exige también la «máxima discreción» en relación con las negociaciones y acuerdos que se produzcan en el seno del Ejecutivo y subraya que los ministros deben respetar su «ámbito competencial propio» y evitar «opinar o dar publicidad a proyectos de otros ministerios» antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros. «Las discrepancias que se produzcan dentro de la coalición de Gobierno –continúa– serán objeto de debate para la búsqueda de soluciones en la 'Comisión Permanente de seguimiento del Acuerdo'». Esa comisión se creará en el plazo de 30 días.

El documento tiene para los socialistas otras salvaguardas. Los socios aceptan dar apoyo tanto en el Congreso, como en el Senado y el Parlamento Europeo a la acción del Gobierno. En caso de que cualquiera de las partes quiera presentar proposiciones de ley que afecten al programa de coalición o a otros acuerdos alcanzado en el Ejecutivo, tendrá que comunicarlo con suficiente antelación y obtener el visto bueno del otro. Y si quisiera apoyar una iniciativa de otro grupo o plantear enmiendas que afecten de alguna manera a lo pactado, también. Incluso en el supuesto de que las proposiciones o mociones no afecten a esas cuestiones básicas que ya han sido objeto de consenso, se exige consultar al socio y evitar contradicciones. Especialmente, si se refieren a asuntos que puedan tener una «alta repercusión en la escena política o en ámbitos sectoriales de la política estatal».

Unidas Podemos, por su parte, se garantiza que no habrá crisis que le haga perder representatividad en el Consejo de Ministros. En caso de que se produzca una reestructuración el documento explicita que «se mantendrá el número de áreas gestionadas» por cada partido y «su peso relativo en el conjunto del Gobierno», en los términos acordados al inicio de la coalición.