PSOE y PP retoman en mayo la renovación del Consejo del Poder Judicial

Dirigentes populares llevan días difundiendo que de momento «lo más importante» es vender su plan económico y bajar los impuestos para ayudar a las familias más necesitadas. Sin embargo, no olvidan que en su agenda está marcado en rojo la negociación para la renovación del Consejo, lo que sería el primer gran acuerdo entre los dos grandes partidos desde la llegada a la presidencia del PP de Alberto Núñez Feijóo.

El todavía presidente de la Xunta de Galicia ha designado para este cometido al nuevo vicesecretario de acción Institucional, el eurodiputado Esteban González Pons, aunque no descarta que dado que se trata de una negociación entre los grupos parlamentarios también participe la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Por parte del PSOE seguirá al frente el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, como ya ocurriera durante los fracasados encuentros con el exnúmero dos del PP, Teodoro García Egea.

Las fuentes consultadas señalan que las reuniones se retomarán previsiblemente a principios de mayo, una vez que se convalide el decreto anticrisis del Gobierno en el Congreso y a la espera de conocer la posición del PP en esta votación. En Génova esperan un gesto del Ejecutivo con el plan económico que ha presentado Núñez Feijóo, y que este viernes remitió a Moncloa, para comenzar con «buen pie» la renovación del gobierno de los jueces.

Una de las claves de este proceso, explican desde la formación conservadora, sería buscar juristas sin perfil político o lo menos posible para prestigiar el nuevo Consejo naciente tras más de 1.200 días de interinidad, un periodo récord en democracia. Como ya ocurriera en la fallida negociación durante la etapa de Pablo Casado, uno de los requisitos que se mantendrá es que Unidas Podemos no entre en la ecuación para la designación de los 20 vocales del CGPJ.

En cambio, el PP de Feijóo asume que la exigencia que abanderó Casado de reformar la ley orgánica para reforzar la procedencia de los vocales elegidos solo por los jueces ha pasado a un segundo plano. Al menos para poder llegar a un acuerdo rápido con el PSOE y pese a la presión de Bruselas, del Consejo de Europa y de las asociaciones de magistrados, que reclaman modificar ya la norma.

Las expectativas en Moncloa de cerrar un pacto con Núñez Feijóo antes de verano llevaron a Sánchez incluso a plantear la fecha del 12 de junio para actualizar el Consejo. Esta circunstancia permitiría acordar en tiempo, además, la renovación de las plazas de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional que concluyen su mandato, entre elllos la del actual presidente Pedro González-Trevijano.

Se trata de las dos designaciones que le corresponden al Ejecutivo y las otras dos del Consejo, de ahí que aparezca un elemento adicional para que PSOE y PP se entiendan de una vez. Sin comprometerse con ninguna fecha, Feijóo apuntó tras la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno que el cambio en todo caso será «rápido».

En paralelo, la no renovación del Consejo está ocasionando la imposibilidad de cumplir con los nombramientos discrecionales pendientes, después de entrar en vigor en marzo de 2021 la reforma del Ejecutivo de coalición que impide que el CGPJ en funciones pueda cubrir las vacantes o renovar las plazas de altos cargos de la judicatura.

En estos 13 meses de aplicación de la norma la situación ya afecta a 58 designaciones -52 en la jurisdicción ordinaria y seis en la militar-, según informan desde el gobierno de los jueces. Trece de esas vacantes corresponden al Tribunal Supremo, cuyas salas están integradas por 70 magistrados.

La jubilación forzosa el pasado 5 de abril de un miembro de la Sala Tercera, Rafael Martínez Valverde, tras cumplir 72 años, eleva a siete las plazas sin cubrir en la jurisdicción contencioso-administrativa (26 integrantes), que es la responsable de revisar los acuerdos del Gobierno. Esta situación también afecta en menor medida a otras tres salas del Supremo. Si nada cambia, las bajas por jubilación, fallecimiento, enfermedad o servicios especiales podrían alcanzar este año al 20% del total de la plantilla, mientras que el tiempo de respuesta de cientos de asuntos pendientes en el alto tribunal seguiría creciendo.