El PSOE recurre el archivo de las donaciones al PP en Gürtel porque hubo «operativa defraudatoria»

En un escrito registrado el pasado 28 de diciembre, la acusación popular del PSOE sostiene que existen indicios para seguir investigando y llevar el procedimiento a juicio, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y del propio juez, que dio carpetazo tras un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que no detectó irregularidades en los procesos de contratación.

Para la defensa de los socialistas, «los investigados, indiciariamente, se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas, diseñando e implementando una operación triangular: tesorero/gerencia del PP, donantes y funcionarios o autoridades militantes afines o influenciables».

«Estas donaciones -sostiene el recurso de apelación- resultaban regulares y, por tanto, permanentes; y esta conexión íntima, estable y de amplio espectro entre los empresarios y las autoridades del partido tenían como finalidad posicionar a la empresa con el partido (o manteniendo la posición) para tener información privilegiada, influencias directas y para conseguir el direccionamiento en su favor de las adjudicaciones ilícitas cuando correspondiera».

«La clave de la operativa defraudatoria residía», según el PSOE, «en que los responsables de finanzas del PP y empresarios se concertaban, a cambio de precio para las arcas del partido, para conseguir que se alteraran las reglas del mérito y la competencia, en perjuicio de los recursos públicos, y en perjuicio de las legítimas expectativas de los restantes licitadores a los contratos y concurso públicos, obviamente desconocedores de que los principios rectores de la competición estaban adulterados al concurrir con artificios algunos de los participantes».

Por este motivo, consideran que pudieron darse una serie de «maniobras fraudulentas aun cuando no haya irregularidad formal en las adjudicaciones», en referencia a las conclusiones de la IGAE. «Estas actuaciones consistían, en ocasiones, en manejar los márgenes de discrecionalidad existentes en las adjudicaciones de obra pública para decantar finalmente la balanza», relatan.

En suma, zanja el recurso, «resulta innecesario decir que si se producen y de forma tan grosera y reiterada irregularidades en la adjudicación para favorecer al donante, como en el presente caso se ha comprobado, el indicio adquiere mayor peso y relevancia», más si cabe cuando la pretensión era crear «un estado favorable entre el partido y el donante sobre futuras acciones favorecedoras de adjudicaciones». De ahí la necesidad de reabrir la causa para seguir investigando, según el PSOE.

La pieza de las llamadas «comisiones finalistas» fue abierta por el juez Pablo Ruz en 2013 tras la publicación de los 'papeles de Bárcenas' (los apuntes de la contabilidad paralela del extesorero popular), pero la archivó dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago en negro de la reforma de la sede del PP, un asunto ya juzgado. Sin embargo, lo revelado por el cabecilla confeso de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la red corrupta permitió reactivar esta pieza.

Correa detalló que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambio, aseguró que tras intervenir en la concesión de «muchas obras» abonó comisiones de entre el 2 y el 3% a Bárcenas. Por su parte, el constructor Alfonso García-Pozuelo afirmó en el mismo juicio que el destino del dinero entregado a Correa procedía de «organismos centrales», refiriéndose a los citados ministerios, según las acusaciones.

Del mismo modo, Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del 16 de julio de 2021 ante el juez Pedraz, Bárcenas implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente al afirmar que trataban con los empresarios que contribuyeron a esa supuesta contabilidad oficiosa del partido.

El extesorero y exsenador relató un episodio concreto que le habría transmitido en su día su antecesor en la gerencia, el fallecido Álvaro Lapuerta. Dijo que éste acudió al director general de Carreteras del Estado, y el entonces titular de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, le abroncó indicando que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.