PSOE y Podemos aceleran para zanjar las leyes pendientes antes del 28-M

Las tres cuestiones se encuentran actualmente en distintos estadios. La negociación más avanzada es la ley de vivienda, el asunto más espinoso de la actual legislatura y cuya negociación se ha prolongado durante más de dos años. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, retomaron las conversaciones en diciembre y acercaron posturas en torno a las dos cuestiones que más alejaban las dos partes: el sistema de control de precios de los alquileres y las obligaciones que el texto impondrá a los grandes tenedores de vivienda, así como la definición de este colectivo. En las conversaciones también participan de forma activa Esquerra y EH Bildu, a los que los morados consideran «fundamentales» para la futura aprobación de la ley en el Congreso.

Aunque está por ver aún si el PSOE mantiene sus reticencias a incluir a los pequeños propietarios dentro de la obligación de topar el precio de los arrendamientos en las zonas consideradas tensionadas, este avance ha llevado al Gobierno a mostrarse «optimista». Socialistas y morados, que han habilitado enero en el Congreso para acelerar la tramitación de la norma, apuntan a febrero como fecha probable para la aprobación de la ley de vivienda. Eso sí, la formación que preside Belarra señala que aún quedan «flecos» por cortar. El principal de ellos, señalan, pasa por dotar de «efectividad real» al control de los alquileres en las zonas consideradas tensionadas, incluyendo también a los nuevos contratos de arrendamiento, no solo a los ya existentes.

La derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, también fue uno de los compromisos de la coalición en el pacto de investidura después de que Pedro Sánchez, en la anterior legislatura, ya prometiera acabar con esta legislación. El jueves se retomaron las ponencias de la norma en el Congreso, también para tratar de finiquitar una cuestión «clave» para la coalición antes de las elecciones, pero en este caso, los aliados del Ejecutivo se muestran más reticentes a dar su apoyo.

En Moncloa son conscientes de la imagen que daría el Gobierno ante sus votantes al no poder haber acabado durante su mandato con una norma que criticaron hasta la saciedad durante los gobiernos de Rajoy. Sin embargo, aún no han convencido a aliados clave para su aprobación en asuntos como el uso de pelotas de goma por parte de los cuerpos policiales,

Tras otro acercamiento entre PSOE y Unidas Podemos, el escollo principal radica en este momento en las reticencias de EH Bildu y Esquerra para votar a favor de algunas cuestiones como el uso de pelotas de goma por parte de los cuerpos policiales. Entre ambos partidos crece la sensación de que en Ferraz buscan «salvar la cara» con una «reforma 'light'» de la 'ley mordaza' en la que no se toquen los dos artículos que se vienen usando de manera masiva para sancionar: el 36.6 (desobediencia) y el 37.4 (falta de respeto).

Sobre la desobediencia hubo un acuerdo inicial para considerar que solo la habría si había «oposición corporal» o «fuerza física», pero en el PSOE no terminan de ver clara esa redacción, que molesta a sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. En cuanto a la falta de respeto, Unidas Podemos quiere circunscribir ese ilícito a los «insultos o injurias» directas a los agentes, mientras que el PNV apoya que se limite el castigo a las «conductas o expresiones» que desacrediten a los funcionarios.

Pero de las tres leyes pendientes, la de bienestar animal es la más enquistada. Su tramitación, pese a tratarse de una norma emanada del Consejo de Ministros, sigue en barbecho por las rencillas entre PSOE y Podemos en torno a los perros de caza. Los socialistas mantienen viva su enmienda para que para que estos no se consideren animales domésticos ni se encuentren, por tanto, bajo la protección que brinda la ley. Los morados, por su parte, culpan a su socio de «suspender unilateralmente» la comisión de Derechos Sociales en la que se debatían estas cuestiones y le acusan de «ponerse del lado de quienes maltratan, apalean y torturan perros».