PSOE y Podemos ultiman con Bildu y ERC la recta final de la ley de vivienda

Concretamente, los últimos avances se han producido en las dos cuestiones que más alejaban a los socios de coalición: el sistema de control de precios de los alquileres y las obligaciones que el texto impondrá a los grandes tenedores de vivienda, así como la definición de este colectivo. Aunque está por ver aún si el PSOE mantiene sus reticencias a incluir a los pequeños propietarios dentro de la obligación de topar el precio de los arrendamientos en las zonas consideradas tensionadas, este avance ha llevado a los morados a iniciar el año de forma «moderadamente optimista», como aseguran fuentes cercanas a su dirección a este periódico.

No en vano, los de Ione Belarra consideran esta ley uno de los puntos más importantes del programa de coalición y su aprobación, un asunto «vital» de cara a su electorado a falta de cinco meses para que se desencadene el nuevo ciclo en las urnas.

Por ello, el Gobierno hará de enero un mes hábil para el Congreso, un periodo que es tradicionalmente vacacional para los diputados. El objetivo pasa por acelerar la tramitación de la norma y dar carpetazo a la ley que más dolores de cabeza ha generado al Ejecutivo en esta legislatura. Estas mismas fuentes señalan que el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra ve «más cerca el acuerdo para aprobar la ley». Y que desde diciembre trabajan «con discreción y sin descanso».

En el ala socialista del Gobierno también apuntan a que la negociación se encuentra en su «recta final con los grupos parlamentarios» con la pretensión de incorporar «mejoras», como avanzó este lunes la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, de cuya cartera depende directamente la ley. También reconoció el temor de su partido a aprobar una norma que tuviera «grietas jurídicas» y justificó el retraso de las negociaciones para que tras su aprobación no se viera rodeada de numerosos recursos judiciales que pudieran hacer debilitar esa eficacia que pretendemos de la ley», un extremo que ya afectó a la legislación del 'solo sí es sí', cuya aplicación en los tribunales se ha saldado, por el momento, con más de un centenarde ebajas de penas a condenados por delitos sexuales.

La ministra socialista aseguró que otra de las líneas rojas obliga a «respetar competencias de las comunidades autónomas» y que su ministerio se ha propuesto impulsar el parque de vivienda público para promocionar el alquiler. Sánchez se refirió, en concreto, a la 'Operación Campamento'. Este convenio, suscrito entre los ministerios de Defensa yTransportes, Movilidad y Agenda Urbana, pretende dotar el suelo de esta zona situada a la entrada de Madrid con 12.000 viviendas, de las que el 60% será protegida pública y el 40%, vivienda libre.

Las negociaciones por la ley de vivienda se remontan a octubre de 2020, justo cuando el Gobierno negociaba los primeros Presupuestos de la legislatura. Pero no fue hasta el 1 de febrero del año pasado cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.

A finales de abril, los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas parciales, un total de 866, de las que 60 llevan la firma de Unidas Podemos, mientras que el PSOE no registró ninguna. Pero la ponencia no llegó siquiera a constituirse dadas las discrepancias entre los dos partidos que integran la coalición.

Durante la negociación del nuevo decreto anticrisis aprobado en el último Consejo de Ministros se reabrió la puerta a retomar las conversaciones. Sobre todo después de que Unidas Podemos arrancara al PSOEel compromiso de congelar otros seis meses los contratos de alquiler vigentes y de prorrogar la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional. En las negociaciones entre Belarra, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, los morados insistieron «en la necesidad de dejar de poner parches cada seis meses y convertirlos en una norma estructural».