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El PSOE y Unidas Podemos han registrado este jueves en el Congreso su petición para crear una comisión de investigación sobre sobre la supuesta utilización del Ministerio del Interior durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas. Los dos ... grupos que conforman el Gobierno abren así la puerta a la comparecencia de altos cargos del Ejecutivo popular, incluido el expresidente Rajoy o los exministros de Interior y Defensa, Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal.
En concreto, el texto registrado por socialistas y morados solicita que la Cámara baja investigue «la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular». Entienden que la «inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es claramente un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales del Estado de derecho y de la democracia».
El PSOE y Unidas Podemos justifican la petición de la investigación porque en el informe de la Fiscalía Anticorrupción hay «contundentes indicios» de la presunta puesta en marcha de una trama parapolicial dirigida por Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y el antiguo máximo responsable de la Policía, Eugenio Pino.
Según recoge la propuesta, algunas de las pruebas aportadas en el informe de Anticorrupción apuntan al «presunto conocimiento de la trama por parte de Mariano Rajoy», entonces jefe del Ejecutivo. También señala a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por su «interés personal» en el espionaje a Bárcenas, «dado su papel como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma y como máxima dirigente del partido, al existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo».
Los socios de Gobierno plantean que los trabajos de la comisión parlamentaria tenga una duración de tres meses, un plazo que podrá ser prorrogado por el Pleno de Cámara. Lo más probable es que la Mesa, donde el PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, debata la próxima semana esta petición.
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