PSOE y Junts sellan pactos en inmigración y sobre la amnistía de incierta viabilidad legal

A las seis y media de la tarde del miércoles, cuando el desconcierto cundía en los pasillos del Senado -ubicación excepcional del Congreso por obras-, Junts desveló los pagos que, según su comunicado, había arrancado al Gobierno por socorrerlo. Dos descollaban por los asuntos a los que afectan: «la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat», a través de una ley orgánica cobijada por el artículo 150.2 de la Constitución; y la supresión del nuevo artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que explicitaba en el ordenamiento español lo que es ya práctica consolidada: que la admisión por el Tribunal de la UE de una cuestión prejudicial de un juez español paraliza el procedimiento hasta que se resuelva la consulta. Una jurisprudencia en la que Junts ve peligrar la aplicación de la amnistía.

Hasta aquí, el pacto y lo que se conoce de él, porque el Gobierno no ha ofrecido su traslación por escrito. Lo que sí ha hecho ha sido rebajarlo. Donde Junts se jacta de haber logrado que el Govern y el Parlament «determinen una política propia» en inmigración que incluya, entre otras cosas, la fijación de los flujos de extranjeros y poder expulsar a los delincuentes multirreincidentes, el Ejecutivo lo restringe a una delegación de competencias -reversible, por tanto- acotada además por las reglas de la UE y su reciente pacto migratorio. Y donde Junts se felicita de haber allanado el camino hacia la amnistía, el ministro Bolaños sostiene que no ha variado nada. Lo cual es cierto, coinciden los cuatro juristas consultados para esta información. Pero sintomático también, señalan, de unos pactos cuajados de sobreentendidos y que se dan por posibles cuando presentan serias dudas de viabilidad a pie de ordenamiento interno y también del europeo.

«No se puede romper el marco común derivado de la UE y de la Constitución», advierte Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, quien recuerda, al igual que su homóloga en la Autónoma de Barcelona Teresa Freixes, que existe una amplia jurisprudencia del TC, con mención singular para la sentencia 31/2010 que recortó el Estatuto catalán, que delimita las competencias transferibles de las que no lo son. Y al margen de los interrogantes existentes sobre las intenciones del Gobierno -«No sabemos qué se está planteando exactamente», evidencia el expresidente del Tribunal Superior vasco Juan Luis Ibarra, experto en contenciosos migratorios-, hay unanimidad entre los juristas interpelados: la atribución por el artículo 149.1.2º al Estado de la competencia exclusiva en «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo» hace «intransferibles» las decisiones en esta materia que reclama Junts.

Porque Cataluña ya dispone de competencias de gestión en este terreno tan sensible -parte de los socios de Sánchez atribuyen xenofobia a los de Carles Puigdemont-, pero esa cobertura constitucional no se extiende a que una autonomía pueda deportar a inmigrantes. «Para empezar, las expulsiones necesitan un proceso judicial, así que Junts no puede expulsar a nadie», resume Freixes, activista contra el 'procés' y leridana de residencia que convive -«sin sentirnos constreñidos»- con una notable población extracomunitaria.

«Es que no se expulsa de Cataluña, se expulsa de España, que es la que tiene las fronteras con la UE», apostilla Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la fundación Hay Derecho. Y si las garantías constitucionales son «comunes» a todo el territorio, describe Carmona, Ibarra descarta que Cataluña pueda adoptar decisiones al margen de la ley que regula en todo el país «los derechos y libertades de la extranjería»; incluidos los que asisten también a quienes delinquen.

Si esta pata del pacto PSOE-Junts tiene «una viabilidad muy compleja», la otra -la supresión del artículo sobre las cuestiones prejudiciales ante el TJUE- es «inoperante», describe Freixes. Ibarra recalca que esas consultas vienen paralizando las causas españolas con independencia de que «se recoja o no» como tal en el ordenamiento jurídico y zanja: «Se trata de regulación europea, punto». «Cuando la amnistía entre en vigor, empezará el calvario judicial», anticipa Carmona. ¿Ignoran entonces ambos interlocutores los márgenes de su campo de negociación? «No parecen mirar demasiado a que estamos en la UE», apunta De la Nuez. «O eso o están jugando a 'te digo que sí y luego te diré que no se puede hacer'».