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El Gobierno ha asegurado en las últimas semanas por activa y por pasiva lo que los socialistas han defendido durante años, que no aceptarían un sistema de financiación propio para Cataluña similar a los que disfrutan el País Vasco o Navarra. La última vez ... que lo afirmó con rotundidad, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encontraba frente a todos los consejeros autonómicos del ramo, reunidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Fue hace solo dos semanas. Este lunes, después de que la portavoz de los republicanos, Raquel Sans, explicara que el preacuerdo alcanzado con el PSC para investir a Salvador Illa ofrece todas las garantías de que, de manera progresiva, Cataluña se irá desenganchando del régimen de financiación común y que en 2026 ya recaudará el 100% del IRPF, los socialistas guardaron silencio.
Aunque pasada la medianoche, fue Emiliano García-Page, barón socialista y presidente de Castilla La Mancha, quien se pronunció «perplejo» sobre «el grave atentado a la igualdad» anunciado por ERC. A través de un mensaje en su cuenta de X, el socialista, crítico con la política de Sánchez en Cataluña, denunció el «atronador silencio» de su partido ante el preacuerdo para la investidura de Illa. «O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles». Asimismo, aseguró que quien está en política para combatir la desigualdad «no podemos dedicarnos a ampararla. Y mucho menos, a protegerla».
Los republicanos no hicieron público ayer el documento del pacto. Sans dio a entender que lo hará hoy, después de permitir que lo lea su militancia, que es quien ahora, este viernes, tiene que decidir si lo respalda. Y en la dirección del PSOEesgrimieron que esa es la razón de que tampoco ellos se pronunciaran.«Vamos a respetar los plazos y a las bases de ERC», apuntaban anoche fuentes oficiales tras convocar hoy a la ejecutiva del PSOE. «El pueblo catalán habló muy claramente en las urnas el pasado 12 de mayo y pidió –adujo, en todo caso, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, horas antes de conocer la decisión de sus socios– que se abra un nuevo tiempo en Cataluña»
A falta de conocer la letra pequeña, las explicaciones ofrecidas por Esquerra apuntan a que Pedro Sánchez ha aceptado rebasar una vez más, tras los indultos a los condenados del 'procés' y la amnistía, una línea roja. Pero una que puede sublevar incluso a sus propios cuadros. El debate de la financiación siempre ha sido muy sensible y los gobiernos autonómicos tienden alinearse más por necesidades compartidas que por líneas ideológicas.
En el último CPFF, el Gobierno de Castilla-La Mancha, del PSOE, coincidió con Andalucía, la Comunidad Valencia y Murcia, por ejemplo, en la petición de un fondo transitorio que compense a las comunidades infrafinanciadas en tanto se reforma el modelo, cuya revisión está pendiente desde 2014. En ese foro, Montero remarcó que querría pactar la reforma del sistema con el PP y no en una negociación multilateral con las autonomías,porque sería la única manera de avanzar, dado que, legítimamente, cada Gobierno defiende lo que es bueno para sus ciudadanos y no para el interés general. Por eso y porque cualquier modificación de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca) requiere la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso.
Lograr esa mayoría puede ser, precisamente, uno de los grandes escollos para el pacto con ERC. Sánchez solo puede lograrla con el principal partido de la oposición o con todos y cada uno de los grupos que apoyaron su investidura. Está por ver, al margen de la intención declarada de Junts de torpedear el pacto para encumbrar a Illa, que partidos como Compromís o Coalición Canaria lo avale.
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