El PSOE expulsará de militancia a los clientes de la prostitución

El PSOE expulsará de la militancia en sus filas a aquellos socialistas que «se sirvan de los servicios sexuales bajo pago, especialmente si ocupan algún cargo orgánico o institucional»; es decir, por recurrir a la prostitución, que el partido pretende abolir. El paso, auspiciado por las mujeres del partido llega después de escándalos como el de 'la trama del Tito Berni', en alusión al exdiputado canario que, entre otras cosas, completaba sus fiestas para hacer negocios con sexo a cambio de dinero, o el del exministro y número tres de la formación José Luis Ábalos, reprobado, además de por su presunta corrupción, por sus supuestas visitas a prostíbulos. Este apartado de los estatutos se complementa con la expulsión, también, de los condenados por violencia machista.

El plenario del congreso ha estallado esta noche en júbilo una vez que se ha aprobado la enmienda del sector feminista más combativo del partido, encabezado por la exvicepresidenta y exministra de Igualdad Carmen Calvo, para suprimir el añadido 'Q+' a las siglas LGTBI que reivindican los derechos para los colectivos de gais, lesbianas y transexuales. Eso se traduce en dejar fuera a las minorías 'queer' y las que se definen como género indefinido. El feminismo de largo arraigo en el PSOE considera que las demandas de estos grupos sociales no son compatibles con la defensa por la igualdad plena de las mujeres aún por conquistar.

En comisión, las feministas lograron sacar adelante otra enmienda propuesta por el partido en Guadalajara para impedir que personas «de sexo [biológico] masculino» puedan participar en categorías deportivas destinadas a mujeres. O lo que es lo mismo, vetar que los transexuales compitan con atletas o jugadoras femeninas.

Los socialistas se comprometen a reformar la ley electoral para rebajar la edad, de los 18 a los 16 años, en la que se puede ser elector.

La ponencia marco del PSOE ratificada por sus militantes prevé la creación de un asiento en el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos para dar voz a las personas de la calle. Una medida que completan con la reducción del número de firmas necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular.