El PSOE explora la baza de Coalición Canaria mientras enfría la negociación de investidura

Pese a ello, en Ferraz creen que esta fórmula es más sencilla de explorar que depender de una negociación cara a cara con Junts, cuyas líneas rojas pasan todavía por la amnistía y un referéndum de autodeterminación para Cataluña. El recuento del voto exterior el 28 de julio, que sumó para el PP el escaño que perdió el PSOE en la circunscripción de Madrid, cambió ligeramente la aritmética parlamentaria y obligó a Sánchez a necesitar el sí expreso de, al menos, dos de los siete diputados del partido de Carles Puigdemont, y no solo su abstención. De lograr un respaldo de Coalición Canaria, la balanza volvería a equilibrarse ya que bastaría con que los posconvergentes no votaran en contra en la sesión de investidura.

En el desarrollo de esta estrategia a los socialistas les ha salido un competidor dentro de su bloque, la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, que maneja su propia agenda y está dispuesta a llevar la iniciativa en las conversaciones. Mientras desde el PSOE piden calma –«no tenemos ninguna prisa», dejó claro el miércoles el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños–, en Sumar movieron ficha desde el primer momento para atraer el voto de Esquerra y Junts con dos gestos. El primero de ellos, situar al exdiputado de los comunes Jaume Asens, cercano a Puigdemont, al frente de la delegación que negociará con los nacionalistas catalanes.Y el segundo, rescatar el proyecto para que los diputados puedan expresarse en el Congreso en las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego».

En Ferraz prefieren mantener una presión velada sobre las fuerzas independentistas y agitan, para ello, el fantasma de que la repetición electoral sería «negativa» para Cataluña por un, apostillan, eventual Gobierno PP-Vox. También fijan la Constitución y los estatutos autonómicos como marco en el que esperan desarrollar las negociaciones. «No a las posiciones maximalistas»,zanjó el propio Bolaños.

Por ahora creen que la clave podría estar en la financiación autonómica, objeto de disputa entre las 15 comunidades que forman parte del régimen común (todas a excepción de País Vasco y Navarra) y que tanto los socialistas como Díaz creen «caduco». El principal problema para ambos partidos es que los comicios del 28-M tiñeron de azul el mapa territorial, con un PP que ahora preside diez de los 17 gobiernos regionales (a falta de que se clarifiquen las negociaciones en la Región de Murcia). Y no esperan allanarle el camino.

El PP, por su parte, mantiene el argumentario de que, como fuerza más votada, el PSO Edebería permitir con su abstención la investidura de Feijóo. Cualquier otra opción, señalan, «sería una anomalía democrática» y una ruptura de la «tradición» que se ha mantenido desde la Transición –con la única excepción de la moción de censura ganada por el propio Sánchez en junio de 2018, cuando pasó a gobernar la segunda fuerza con más diputados en el Congreso–.

Feijóo, por su parte, mantiene su intención de aceptar un eventual encargo de Felipe VI para formar Gobierno, que considera «una obligación». «Debemos presentarnos a la investidura porque contamos con el respaldo de ocho millones de españoles, somos la fuerza más votada y porque hay una dinámica de cambio», zanjó el jueves el vicesecretario general de Organización del PP.

Aunque por ahora no cuentan con apoyos suficientes para sacar adelante su investidura, en Génova consideran que presentarse podría servir para relanzar la oferta a los grupos que se mantienen fuera del bloque de 171 escaños que conforman el propio PP (137), Vox (33) y UPN(1). También defienden que, en caso de repetición electoral, situar a su líder como protagonista en la tribuna del Congreso serviría de trampolín para lanzar la siguiente campaña electoral apoyándola en argumentos basados en la gobernabilidad del país y la estabilidad.

Pero el primer pulso de la legislatura se librará antes, el 17 de agosto cuando se constituya el Congreso y se elija tanto a su nuevo presidente como a los representantes de la Mesa de la Cámara baja. PP y PSOE son conscientes de que no pueden permitirse una derrota en un lance que consideran clave que, de facto, supondría renunciar al control del calendario legislativo y, por tanto, de los tiempos de la institución.

El color político de los nueve puestos que se elegirán, por votación secreta, en la Mesa de la Cámara baja –cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías, además de la presidencia– servirán de prueba para determinar con qué apoyos podrían contar tanto Feijóo como Sánchez para afrontar sus respectivas sesiones de investidura.