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Los actos organizados este domingo por el PP opacaron el resto de la actualidad política. El PSOE, a pocos días de encarar la investidura de su líder, Pedro Sánchez, mantuvo un perfil bajo y delegó en algunos de sus líderes territoriales la respuesta a la ... exhibición de músculo de Alberto Núñez Feijóo. Todos ellos enmarcaron las concentraciones en un «intento de la derecha de deslegitimar una mayoría en el Congreso de los Diputados», como afirmó la presidenta de Navarra, María Chivite, en un vídeo difundido por su partido.
En la misma línea, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, pidió «respeto» por el resultado del 23-J que, pese a la victoria del PP, permitirá investir a su candidato tras pactar una mayoría de 179 votos a favor salvo giro de guion. Tanto Espadas como Chivite coincidieron con el presidente de Asturias, Adrián Barbón, en centrar su respuesta en los actos violentos frente a las sedes de su partido. «Ningún tipo de libertad de expresión ampara las amenazas y los insultos», zanjó este último.
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En paralelo, los socialistas superaron otro hito previo a la investidura de Sánchez. La militancia de Junts ratificó de forma mayoritaria en una consulta interna el acuerdo suscrito con el PSOE. No se esperaban sorpresas, pues todos los sectores del partido han respaldado el acuerdo firmado en Bruselas por Carles Puigdemont y Santos Cerdán. La presidenta del partido, Laura Borràs, lidera la corriente que era más contraria al mismo, pero ha acabado asumiendo el escenario.
Las bases del partido han votado de forma telemática durante dos días y no han dejado dudas: el 86% está de acuerdo en investir a Pedro Sánchez. No obstante, en esta ocasión, la formación nacionalista no precisó cuántos militantes componen el censo. No dio la cifra total de sufragios. En la anterior consulta, la que decidió la salida del partido del Govern de Aragonès, hace un año, votaron el 79% de 6.000 asociados, con un resultado del 55% a favor de romper con ERC.
Un año después de que Junts se autoexcluyera de las instituciones, la formación juntera regresa de lleno a la política de pactos, apoyando la investidura de un presidente del Gobierno tras conseguir suculentas contrapartidas de los socialistas: una ley de amnistía, que permitirá el regreso a España de Carles Puigdemont libre de cargas penales, la asunción por parte del PSOE del relato nacionalista del conflicto histórico y una mesa de negociación donde planteará un referéndum, bajo supervisión de un verificador internacional. La mesa deberá reunirse una vez al mes, según las estimaciones de los soberanistas.
La formación nacionalista de centroderecha, eso sí, ha tenido que desdecirse de algunos de sus mantras más recurrentes, como el de que no había nada que negociar con el Gobierno, salvo los términos de la separación. Puigdemont, incluso, ignoró el resultado de una consulta celebrada por el consejo de la república que preside y cuya militancia votó a favor de no investir a Sánchez, aunque la participación fue ínfima, solo del 5%.
El 23-J cambió la posición del partido. A pesar de que el independentismo obtuvo un pésimo resultado electoral, la aritmética dio la llave de la gobernabilidad a los postconvergentes. Fueron la quinta fuerza en votos en Cataluña, pero sus 7 escaños (frente a los 19 el PSC) han sido decisivos.
La apuesta de Junts por seguir la senda pragmática de ERC alentará que las facciones más radicales del nacionalismo unan sus fuerzas para impulsar una nueva candidatura electoral en las próximas elecciones catalanas, previstas para antes de 2025. En esta línea trabajan la ANC y la exconsejera Clara Ponsatí, que ya acusan al expresidente de la Generalitat de traicionar el 1-O, de rendirse ante el Estado y de haber renunciado a la autodeterminación.
Junts no ha enterrado la unilateralidad, pero la mantendrá aparcada, según afirmó Jordi Turull, mientras el PSOE «vaya cumpliendo los acuerdos de la investidura». Los sectores que promueven una cuarta lista nacionalista llevan años en la órbita de Junts, y de Puigdemont en concreto, pero no aceptan el giro pragmático. Todos los intentos de situar listas secesionistas alternativas a Junts, ERC y la CUP en el Parlament han fracasado hasta la fecha.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, aseveró este domingo que la presidenta de Junts, Laura Borràs, no puede ser una de las beneficiadas por la ley de amnistía que han pactado con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. El motivo, esgrimió, es que «ha sido condenada por corrupción» y «por fragmentar contratos públicos». «No tiene nada que ver con la celebración de un referéndum», zanjó.
De otro lado, el responsable de Esquerra y condenado en su día por el juicio del 1-O insistió en una entrevista en La Sexta que no va a renunciar a un referéndum de autodeterminación en Cataluña. «La Constitución no lo prohíbe y el Código Penal no dice que sea un delito», sostuvo el político independentista, quien añadió que «cuando sintamos que tenemos un apoyo mayoritario de nuestra sociedad, haremos todo lo posible para poner el futuro» de la misma «en sus manos«.
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