El PSOE confía en frenar la reforma para que los jueces elijan directamente a sus vocales en el CGPJ

Marchena puso en evidencia el acuerdo de populares y socialistas el pasado 21 de noviembre, pero especialmente dejó al descubierto a los primeros que fueron los que exigieron que se le aceptara como presidente del Poder Judicial a cambio de transigir con que la mayoría del órgano fuera progresista. No en vano, el juez, de prestigio reconocido por colegas de distintas sensibilidades, se desmarcó por completo de todo tejemaneje político sólo un día después de que trascendiera un mensaje de whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se vanagloriaba de que la negociación permitiría controlar «desde detrás» la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El impacto que tuvo en la opinión pública aquel episodio llevó al primer partido de la oposición no sólo a renegar del acuerdo político anunciado una semana antes sino a abjurar también de la fórmula mediante la que durante más de tres décadas se han repartido con los socialistas el gobierno de la judicatura. Apenas unas horas después de que Marchena diera su aldabonazo, el partido anunció que enmendaría una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se tramitaba en el Senado sobre un asunto menor (los permisos y licencias de los jueces) a fin de modificar por completo el sistema de nombramientos.

Lo paradójico es que esa modificación iba en el programa del PP del 2012 y acabó arrumbada en un cajón. También formó parte del pacto de investidura suscrito en 2016 por Mariano Rajoy y Albert Rivera, pero los populares nunca lo implementaron, para enfado de Ciudadanos. Solo al calor de la polémica por el acuerdo negociado entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor en el cargo, el popular Rafael Catalá, Pablo Casado decidió echar mano de ella para tratar de amortiguar las críticas sobre la politización de la Justicia.

La semana pasada prosperaron en el Senado las enmiendas de Ciudadanos al respecto gracias al apoyo del PP (las del PP, otra paradoja, se quedaron en el camino por un error del grupo parlamentario que capitanea Cosidó). Ahora el texto tendrá que volver al Congreso. En la Cámara baja los grupos decidirán por mayoría simple si la mantienen o la rechazan, y los socialistas están convencidos de que podrán borrarla del texto.

Para tumbarla tienen el apoyo de Podemos. «Solo concebimos que el Poder Judicial tenga una base democrática -dicen en el partido de Pablo Iglesias-. El Consejo necesita algún tipo de legitimidad popular; es un poder del Estado. No puede ser un comité de empresa elegido solo por los jueces». Salvo sorpresa, también las fuerzas independentistas catalanas les respaldarán.

El PSOE siempre ha defendido que es mucho más democrático que sean los representantes de la soberanía popular quienes decidan quienes integran el órgano de gobierno de los jueces. El debate lleva abierto años. En todo caso, más allá de la norma en sí, lo que realmente está en cuestión es la utilización que los dos grandes partidos han hecho históricamente de ella.