El PSOE se arriesga a reformar el 'solo sí es sí' sin Podemos y con el PP

Los socialistas mantienen que el coste político que tendría este movimiento «está calculado militmétricamente», pero desde Podemos empiezan a utilizar la aritmética parlamentaria como munición para presionar en las negociaciones. En medio de una liturgia similar a la practicada en otras negociaciones de alto voltaje como la ley de vivienda o el tope a las hipotecas variables, la secretaria general de los morados y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, reconoció que su partido «se ha visto obligado a plantear propuestas» de reforma porque al PSOE «le suelen temblar las piernas». En declaraciones a TVE insistió en que su socio está «recibiendo presiones por parte de la derecha». También reconocido que desde Igualdad han puesto nuevas propuestas sobre la mesa, que no detalló, pero aseguró que «están siendo rechazadas por el PSOE».

En cuanto a la rebaja de condenas a delincuentes sexuales –al menos 372 hasta este miércoles, con una veintena de excarcelaciones–, la ministra evita ceder terreno y mantiene la defensa de que se trata de «una minoría de jueces la que está aplicando de manera incorrecta la ley» y que, al igual que pasó en el año 2004 cuando se aprobó la ley de violencia de género, «tardará un tiempo en aplicarse bien».

Para el PSOE, la opción de recurrir a los aliados del llamado bloque de investidura se disipó esta semana, una vez se evidenciaron las posiciones que mantienen los socios de la coalición. En mayor o menor medida, Esquerra, EH Bildu, PNV y Más País cerraron filas en torno al blindaje del consentimiento en el 'solo sí es sí'. Estos partidos ya habían mostrado su preocupación por «los efectos negativos de la ley» cuando las conversaciones entre los socios de la coalición aún se llevaban en secreto, pero dejaron claro que mantienen su apoyo a evitar una diferenciación entre las agresiones con o sin violencia o intimidación, como lleva proponiendo el Ministerio de Justicia desde el pasado 8 de diciembre. Propuesta que rechazan tajantemente los de Belarra.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, una de las primeras voces del espacio de Unidas Podemos en reconocer que era necesario un retoque en la norma, ha roto su equidistancia y también se alinea con Podemos en esta cuestión. «Lo importante es que respetemos el consentimiento tal y como nos demanda el propio Convenio de Estambul», zanjó este miércoles en una visita a Valladolid.

Mientras tanto, las negociaciones se suceden de forma intensa. La titular deJusticia, Pilar Llop, decidió este miércoles a última hora no subir al vuelo Madrid-Rabat que llevó a Pedro Sánchez y otros once ministros a la Reunión de Alto Nivel con Marruecos, como estaba previsto. De ahí se marchó a la mesa de negociaciones con el objetivo de forzar máquinas para evitar que se cumpla su propia amenaza de reformar la norma estrella de Igualdad sin Podemos, lo que evidenciaría una ruptura en el Gobierno. La más grave de la Legislatura.

En Podemos confían en que esta posibilidad se convierta en una herramienta más de presión en las conversaciones. «Las posturas no han cambiado, confiamos en que el PSOEse termine moviendo de su trinchera, como ha hecho otras veces», explican a este periódico fuentes cercanas a la dirección morada. Desde el PSOE, en cambio, tratan de convencer a sus socios de que el consentimiento seguirá «intocable» en la reforma de la ley del 'sólo sí es sí' y que la propuesta de modificación de los socialistas solo pretende agravar las penas para que los «desalmados» agresores sexuales no se beneficien de las reducciones de condenas en aplicación de la norma. Así lo trasladaron este miércoles primero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y posteriormente el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez.

Pero es precisamente este «endurecimiento» el que activa las alarmas de Podemos. Los de Belarra consideran los morados que volver a distinguir los delitos con violencia o intimidación del resto de agresiones sexuales implicaría irremediablemente dinamitar el consentimiento y «volver al calvario probatorio», como aseguran desde Igualdad, al que se sometía a las víctimas cuando tenían que demostrar que habían sido violadas y no abusadas.