El PSOE condiciona un pacto sobre pensiones a que suban, al menos, igual que la inflación

Ya hizo lo mismo en noviembre de 2016 pero el Gobierno recurrió al veto presupuestario, argumentando que suponía un aumento del gasto de 1.150 millones de euros -entonces la subida demandada era algo menor, del 1,2% para 2017- y no conllevaba un plan para financiarlo. Eso sí, el PP también contó con Ciudadanos para impedir su tramitación.

Pero esta vez las circunstancias son algo distintas. El partido que lidera Albert Rivera lleva endureciendo su postura frente a los populares desde su triunfo simbólico en las elecciones catalanas del 21-D. Incluso ha puesto en entredicho su apoyo a los Presupuestos y otras iniciativas que pueda tener el Ejecutivo.

Por eso, y pensando en un posible adelanto electoral, no es descartable que cambiase aquel criterio. Su responsable de Programas, Toni Roldán, no cerró la puerta aunque pasó de puntillas sobre la propuesta socialista. Valoró como «muy importante» la demanda de los jubilados de tener mayores ingresos e incluso pidió al Gobierno que estudie volver a vincular las pensiones al IPC, pero no quiso adelantar su posible voto. Para Ciudadanos, la «cuestión nuclear» es que se acabe con la «ultraprecariedad» de los contratos, lo que permitiría elevar los ingresos de la Seguridad Social al tiempo que ampliar los años que se computan para calcular la pensión a recibir.

El problema que tendría la formación naranja es que este debate puede coincidir en el tiempo con el presupuestario, y apoyar ambas iniciativas sin aumentar el déficit público es complicado. Tras confirmar que presentará un proyecto de nuevas cuentas del Estado -la orden viene de Moncloa-, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puntualizó este viernes que será antes de Semana Santa -probablemente se aprueben en el Consejo de Ministros del 23 de marzo- y confió en contar con un respaldo parlamentario «suficiente». Sin embargo, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, introdujo nuevas dudas al afirmar que «si no se encuentran apoyos no los podremos presentar».

El PSOE registrará su proposición de ley sobre pensiones el martes próximo. Sin embargo, no podrán elevarla al Pleno del Congreso hasta abril al haber agotado el cupo que tenían para ello con otras iniciativas, entre ellas una sobre la equiparación salarial y de condiciones de trabajo entre hombres y mujeres. En esa tesitura la tramitación de su iniciativa se demoraría hasta mediados de mayo o ya junio, esto es, casi a la par que los Presupuestos.

La propuesta de los socialistas, que cuenta con el respaldo tácito de Podemos -su portavoz parlamentaria, Irene Montero, va más lejos y reclama que la pensión más baja alcance al menos el salario mínimo, además de derogar las dos últimas reformas del sistema-, pide básicamente recuperar el anterior modelo de indexación conforme a la evolución del IPC, salvo que éste fuera negativo, empezando por un alza del 1,6% en 2018. Se derogaría con ello el factor de sostenibilidad que se introdujo en 2013, y que ha hecho que las pensiones solo suban un 0,25% anual en el último lustro.

De fondo, el primer partido de la oposición pretende «desbloquear» el debate en el Pacto de Toledo sobre una nueva reforma de las pensiones, que lleva alargándose ya un año y medio. Eso sí, ponen como condición que exista un «compromiso» de revalorizar estas prestaciones según el IPC, adelantó su vicesecretaria general, Adriana Lastra.

Pero ni el Gobierno ni el PP están por la labor. El presidente Mariano Rajoy pidió este viernes «no hacer política» con este tema porque, aunque «todos queremos» subir las pensiones, hay que mirar «por el medio y largo plazo» debido a los problemas de déficit público que ha sufrido España. «Es muy fácil decir esas cosas», abundó en su crítica al PSOE, «pero si luego no hay recursos para pagarlo estamos tomando el pelo a la gente». En 2018, solo por haber más jubilados, el gasto en pensiones engordará en 3.700 millones de euros.