PSOE y Podemos acuerdan sortear la Ley de Amnistía para juzgar crímenes del franquismo

Se trata de una fórmula pensada para sortear la Ley de Amnistía de 1977 sin derogarla, como reclaman los aliados parlamentarios del Ejecutivo y a lo que el PSOE y Unidas Podemos siguen negándose porque «no sería la panacea» y «las leyes penales desfavorables al reo no se pueden aplicar de forma retroactiva».

El Gobierno de coalición lanzaba con estas enmiendas un guiño a Esquerra, que exigía una revisión exhaustiva de la amnistía de la transición o la supresión del titulo de Rey. Sin embargo, el gesto no ha convencido, de momento, a los independentistas, que acusaron al PSOE y a Unidas Podemos de «vender humo» y hacer «triunfalismo absurdo» con sus enmiendas. Aunque ERC presentó este miércoles sus propias enmiendas a la norma -un total de 65-, el Gobierno confía en que el trámite parlamentario sirva para acercar posturas con el grupo republicano.

De salir adelante el proyecto de socialistas y morados, los juzgados españoles podrían investigar y juzgar a personas por las torturas y los asesinatos políticos cometidos durante la dictadura, algo que la Audiencia Nacional había rechazado hasta ahora bajo la base de la prescripción de estos crímenes, al estar sujetos a la Ley de Amnistía.

En su acuerdo, ambas formaciones establecen que la interpretación de la norma de 1977 deberá ser respetuosa con el derecho internacional, que establece que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y torturas son «imprescriptibles» y «no amnistiables».

Para el secretario de Estado de Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, el verdadero valor de estos cambios reside no sólo en el hecho de que España se acomoda por fin en este terreno al derecho internacional y acaba con la impunidad, sino también en la reparación moral que supone para las víctimas y sus descendientes. «Creemos que el acuerdo que hemos alcanzado con nuestro socio de Gobierno es francamente bueno», celebró Santiago.

Entre las enmiendas para convencer a los partidos que forman el bloque de investidura se encuentran que el Valle de los Caídos pase a denominarse Valle de Cuelgamuros, que las investigaciones judiciales no se limiten al franquismo, sino también a episodios ocurridos durante la Transición -hasta 1982-, y acelerar la supresión de los títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura. La norma retirará hasta 33 títulos nobiliarios de cargos del régimen familias como Leopoldo Calvo Sotelo o José Antonio Primo de Rivera.

PSOE y Unidas Podemos quieren, además, que las víctimas del franquismo se vean resarcidas por los bienes que les fueron incautados o las sanciones económicas que les fueron impuestas. Para ello, la nueva ley obliga al Gobierno a elaborar una auditoría de los bienes incautados en el plazo de un año desde su entrada en vigor y, a partir de ahí, se establecerán las vías para el resarcimiento. El reconocimiento del derecho a las reclamaciones patrimoniales es una de las exigencias de ERC que hasta ahora cuestionaban en el Gobierno y que los republicanos ha incluido en su propio paquete de enmiendas.

Entre las enmiendas presentadas por los dos socios de Gobierno también está la de «mejorar» los protocolos para la exhumación de fosas; la creación de una Oficina de Víctimas del Franquismo o el refuerzo del Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática encargado de investigar los hechos cometidos durante el golpe de Estado del 36, la Guerra Civil y la dictadura.

Conscientes de que la no derogación de la Ley de Amnistía dificulta el apoyo al proyecto de Esquerra y de otros aliados, el Gobierno ha comenzado asondear el eventual apoyo de Ciudadanos. Una posibilidad que no descartan en la dirección del partido liberal. El vicesecretario general y portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, abrió este martes la puerta a sumarse a una hipotética negociación siempre y cuando se atendiesen algunas condiciones como que la que la norma incluya medidas en pro de las víctimas de ETA y contra sus verdugos.

«Ciudadanos hace unos días votó a favor de poner una calle a Millán Astray. Querer negociar con ellos una ley de memoria es insultante. O con unos, o con otros», lamentó Rufián, que confía en que Unidas Podemos «no trague con ello» y se niegue a sentarse a negociar con los de Inés Arrimadas.