Los papeles bajo llave de Franco en el Pazo de Meirás

Dicen los técnicos de Patrimonio Nacional que en los últimos meses han inventariado los bienes y documentos del Pazo de Meirás que las estanterías y cajones de los lujosos muebles que adornan la que fuera residencia de verano de Francisco Franco guardan «verdaderos tesoros» de la Historia de España. Papeles que en algunos casos son mucho más valiosos para la memoria del país que los muebles en los que han ido acumulando polvo.

La Abogacía del Estado presentó contra el reloj este miércoles una demanda en los juzgados de Madrid frente a los herederos del dictador para hacerse con la propiedad de 564 bienes del pazo ubicado en Sada (Coruña). Las prisas –explican desde la Abogacía del Estado– vienen porque la familia Franco ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Coruña retirar todos los bienes que están en el Pazo y que no fueron reclamados por el Estado en su momento.

Un Estado, precisan desde el Gobierno, que no pudo incluir esos documentos, muebles y objetos en la demanda originaria de 2019 ante la negativa insistente de los Franco a permitir la entrada de los técnicos de Patrimonio o de la Xunta. El Estado –constatan las fuentes de los servicios jurídicos públicos– desconocía por completo el «enorme valor histórico» de muchos de esos legajos porque simplemente no supo que existían hasta que en 2020 la justicia otorgó la titularidad de Meirás a la Administración pública y los especialistas pudieron entrar en el disputado inmueble.

En el pazo había multitud de bienes de interés para el Estado que la Administración ahora reclama como propios. Estos se dividen en tres tipos. Hay directamente objetos de Patrimonio Nacional que Franco se llevó al pazo para decorarlo, como una vitrina de la Sala de Música de la reina Victoria Eugenia que estaba en el Palacio Real de Madrid. Hay también –explican a este periódico los expertos– bienes de dominio público por su afectación al uso del palacete –y que son inseparables porque están ya incorporados al mismo–. Y por último, la gran sorpresa, hay decenas de documentos de gran relevancia que Franco quiso conservar en sus archivos personales y que atesoran un enorme valor histórico para entender las tripas de régimen.

Los legajos del 'Proyecto Cáncer' son sin duda los que más han llamado la atención. Se trata de un informe de los servicios secretos que el dictador recibió en 1963 y en el que se apuntaba a la existencia de una conjura con raíces en Canarias, Argelia y México para proclamar la tercera república con ayuda de los países comunistas y de la URSS.

Para los historiadores que han buceado entre las librerías del pazo es igualmente clave que el Estado tenga en su poder los 45 tomos que Franco guardaba con los nombres de los militares y falangistas que en 1936, según los informadores del general, se habían adherido a la «guerra de liberación» contra la República. Los investigadores también atisban un gran interés en el borrador del plan de albergues y paradores de turismo de 1955 que visó el entonces jefe del Estado y que fue el embrión de su relanzamiento para convertir esa red de hoteles en la gran empresa pública actual.

El Estado, del mismo modo, pretende hacerse con numerosos apuntes de informes y anteproyectos de leyes que Franco metió en un cajón, literalmente, y que no vieron la luz o que cambiaron de manera importante. En los estantes de Meirás se ha localizado un informe de 1962 en el que por primera vez el régimen se muestra interesado en entrar al Mercado Común Europeo o diversos documentos sin fechar de la Guerra Civil, como fotos en el frente o balances de daños y operaciones de la contienda.

La colección documental que el Ministerio de la Presidencia aspira a incorporar al Patrimonio Nacional incluye también, entre otras cosas, la agenda personal de Franco de 1955 con todo tipo de citas o un listín telefónico de su propiedad. La Abogacía del Estado, habida cuenta del valor histórico de lo encontrado en las inspecciones efectuadas desde 2020, considera clave que todos estos bienes queden inmovilizados cuanto antes para evitar que puedan desaparecer. Por ello, ha pedido a la justicia como medida cautelar que estos 564 bienes «permanezcan dentro del pazo y en depósito de la Administración hasta que el juzgado resuelva a quién corresponde su propiedad».

• Temas
• Francisco Franco Bahamonde