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Representantes de ERC, Junts, CUP y los comunes han escenificado este martes unidad y se han manifestado frente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para protestar contra el auto de la Audiencia Nacional, que ha abierto una causa por terrorismo a varios dirigentes ... nacionalistas, entre ellos Carles Puigdemont y Marta Rovira. El soberanismo se siente perseguido y criminalizado por la justicia española e insiste en negar que se cometiera delito alguno tanto en el 1-O como más tarde en las protestas de Tsunami o las de Urquinaona.
La protesta la ha convocado la entidad soberanista Òmnium Cultural, cuyo presidente, Xavier Antich, ha asegurado que el juez de la Audiencia Manuel, Manuel García Castellón, se ha salido de la democracia, al «criminalizar al movimiento independentista, vinculándolo con el terrorismo». La investigación tiene una clara motivación política, ha acusado, y a su juicio se sitúa al margen del derecho internacional.
El soberanismo ha cargado contra lo que entiende una ofensiva de la justicia española para «sabotear» la ley de amnistía e impedir la investidura de Pedro Sánchez con los votos de las fuerzas nacionalistas. «El auto muestra la capacidad inventiva del juez, que desborda todos los límites propios de un sistema democrático», ha afirmado Antich. El Estado, ha añadido, está haciendo un uso político del delito de terrorismo. «La investigación tiene una clara motivación política. Se presenta con prisas para sabotear la amnistía», ha sostenido. «Ejercer derechos fundamentales no puede ser nunca delito», ha rematado. A la protesta han acudido todas las fuerzas catalanas que defienden la ley de amnistía salvo el PSC.
Los partidos han tratado de aislar las negociaciones del auto de la Audiencia Nacional. «La democracia es fuerte» y todos los que están en esta maniobra para intentar frustrar la aprobación de la ley de amnistía, desde la derecha a una parte de la judicatura, según Jaume Asens, de los comunes, fracasarán, pues habrá, a su juicio, «acuerdo de investidura». La ley de amnistía pone el contador a cero y es el inicio de una segunda fase para la resolución del conflicto, ha señalado Raquel Sans, de ERC.
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