De la posible rebelión y la intervención de Cataluña a la simple desobediencia

En una decisión sin precedentes en la democracia española, el Gobierno de Mariano Rajoy, tras varios requerimientos al Ejecutivo de Carles Puigdemont, decidió intervenir la autonomía de Cataluña, desde las 20:26 horas del 27 de octubre de 2017 hasta las 12:41 horas del 2 de junio de 2018. El objetivo era evitar que se hiciese efectiva la declaración unilateral de independencia (DUI) aprobada en el referéndum del 1-O.

El 23 de marzo de 2018, el instructor del 'procés', Pablo Llarena, procesó por un delito de rebelión a 13 investigados en la causa abierta en el Supremo por la intentona separatista: el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Waterloo;_el exvicepresidente, Oriol Junqueras; siete exconsellers del Govern autonómico –Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa–; la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Este ilícito de rebelión, todavía en vigor, habría castigado con hasta 30 años a los cabecillas de la revuelta.

El 12 de febrero de 2019 dio comienzo la vita oral por el 'procès'. La Fiscalía pidió 25 años para Junqueras al considerarle el líder de una rebelión con «numerosas situaciones de violencia», una acusación que la Abogacía del Estado rebajó a 12 años al acusarle de sedición porque los hechos de 2017 fueron «incidentes de orden público» en un «ambiente hostil». Junto a Junqueras, el Ministerio Público situó en la jefatura de la rebelión a 'los Jordis' y a Forcadell, para quienes pidió 17 años de cárcel, seguidos de los 16 que solicitó para cinco exconsellers.

El 14 de octubre de 2019 el Supremo impuso penas de 9 a 13 años para Junqueras y los otros líderes soberanistas por sedición y malversación. El tribunal descartó la rebelión porque, aunque sí hubo violencia en el procés, esta no fue bastante para este ilícito. No obstante, castigó con penas de cárcel e inhabilitación al exvicepresidente de la Generalitat, Romeva, Rull, Forn, Forcadell, Turull, Bassa, Sànchez y Cuixart.

El 22 de junio de 2021, el Gobierno aprobó los indultos parciales a todos los condenados. La gracia no incluyó el fin de las penas de inhabilitación por malversar.

El pasado 12 de enero entró en vigor la reforma exprés del Código Penal que acababa con el delito de sedición y que en su lugar activaba el ilícito de desórdenes públicos agravados, reduciéndose la condena de 15 a 5 años de cárcel; y con 8 años máximo de inhabilitación. También entró en vigor la reforma del delito de malversación.

El Supremo resolvió este lunes que, tras la reforma penal del Gobierno aprobada por el Congreso, se ve forzado a calificar la intentona secesionista catalana de 2017 como un simple delito de desobediencia pese a que «quien promueve por la fuerza o fuera de las vías legales el incumplimiento de las leyes o las resoluciones judiciales no se limita a perturbar el orden público». El alto tribunal, además, se niega a rebajar la pena de inhabilitación a Junqueras porque no cree posible tildar de «malversación atenuada» el desvío masivo de fondos públicos para financiar el referéndum ilegal del 1-O.