La Generalitat concede el tercer grado a los presos del 'procés'

Según ha anunciado esta mañana el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Amand Calderó, las juntas de tratamiento de las cárceles donde están presos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa y Carme Forcadell, han decidido concederles el tercer grado por unanimidad. «El tercer grado no es un eximente de la pena, es una forma de cumplimiento de la pena», ha afirmado. Cataluña cuenta con las competencias de prisiones desde 1984. Es la única comunidad autónoma de España que las tiene.

A partir de ahora, las juntas de tratamiento de cada prisión trasladarán sus propuestas al Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima de la Consejería de Justicia de la Generalitat, que es quien tiene la última palabra en el asunto. Se abre un periodo máximo de dos meses para que este departamento estudie el conjunto de las propuestas. Las clasificaciones se revisarán de nuevo en un plazo máximo de medio año.

Cuando Justicia resuelva las clasificaciones, notificará las resoluciones a las personas afectadas y a la Fiscalía. Serán recurribles ante el juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente y también ante el Tribunal Supremo, que fue quien les condenó.

De acuerdo al tercer grado, los nueve presos del 'procés, que llevan entre dos años y medio y tres años en prisión (algunos ya han cumplido la cuarta parte de la condena), sumando la preventiva y la prisión tras la condena de octubre de 2019, podrán salir de la cárcel de lunes a viernes, tendrán que regresar al penal a dormir y el fin de semana entero podrán permanecer en sus casas. También tendrán más días de permiso que hasta ahora. «No hay que mantener a un interno en un grado inferior si puede estar en uno superior», según ha afirmado el alto cargo del Departamento de Justicia de la Generalitat, que ha citado que la decisión cumple de forma rigurosa la ley penitenciaria en concreto el artículo 72.4 de la ley orgánica penitenciaria. El tercer grado se aplicará de forma inmediata en cuanto se apruebe definitivamente. Este fin de semana, por ejemplo, no estará aún en vigor.

Calderó ha señalado que los tres centros penitenciarios en los que están presos los dirigentes independentistas han celebrado las reuniones de las juntas de tratamiento de forma simultánea, esta mañana a las nueve, para evitar «amenazas y coacciones».

El responsable de prisiones del Departamento de Justicia de la Generalitat se refería de esta forma de forma velada al mensaje que transmitió el Tribunal Supremo cuando los funcionarios de los penales tenían que decidir si permitían a los presos pasar el confinamiento en sus casas y no en las cárceles. El Tribunal Supremo advirtió a los funcionarios de que podían incurrir en un delito de prevaricación. Finalmente, las juntas de tratamiento rechazaron esta posibilidad, lo que provocó una nueva pugna entre JxCat y ERC. Los postconvergentes cargaron contra Justicia (Esquerra) por no permitir la excarcelación de los presos. El secretario del Departamento de Justicia, en la rueda de prensa de esta mañana, ha vuelto a lanzar algunos dardos a sus socios nacionalistas. «Si dependiera de la Generalitat, no habrían entrado en prisión», es una «equivocación», ha dicho, atribuir motivaciones partidistas a las decisiones penitenciarias, que a su juicio son estrictamente técnicas y que conviene no convertirlas en «armas arrojadizas». «El problema no es qué hacen las prisiones, el problema es que un tribunal les ha enviado a prisión», se ha justificado. «Los funcionarios no obedecen a consignas políticas», ha reiterado.

Según el Departamento de Justicia, las juntas de tratamiento están compuestas por más de 10 profesionales. Son juristas, psicólogos, trabajadores y educadores sociales, médicos y maestros. Además de los años de condena, tienen en cuenta otros factores como la conducta y el nivel de adaptación de las personas penadas al centro penitenciario, la capacidad de reinserción laboral, si tienen o no antecedentes penales, el riesgo de reincidencia o el tiempo cumplido en prisión preventiva.

Cada seis meses, las juntas de tratamiento de las prisiones revisan la clasificación penitenciaria. En su última revisión, la primera que se realizaba tras la condena del Supremo, todos ellos fueron clasificados en segundo grado, a pesar de que algunos de los abogados de los dirigentes independentistas, especialmente los de JxCat, consideraban que ya en esa primera clasificación debían pasar al tercer grado.

En estos seis meses bajo el segundo grado, los presos se han acogido a un régimen intermedio entre el segundo y el tercer grado, en aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario, que les ha permitido salir de lunes a viernes durante el día fuera de la cárcel y acudir a sus nuevos puestos de trabajo. En buena parte de los casos, la Fiscalía recurrió las decisiones.