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Cristian Reino
Barcelona
Martes, 31 de marzo 2020, 10:28
El Tribunal Supremo y la Generalitat reeditaron este martes viejas rencillas y protagonizaron un nuevo enfrentamiento a cuenta de la posible salida de la cárcel de los presos del 'procés'. La Consejería de Justicia anunció que los centros penitenciarios bajo su tutela estudian que los ... presos clasificados en segundo grado y a los que se aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, en torno a un centenar y entre ellos los nueve dirigentes secesionistas condenados por sedición, podrían pasar la crisis sanitaria en sus casas para descongestionar los penales y evitar contagios.
Justicia explicó que cada caso será estudiado de forma individual y que la decisión corresponde a la junta de tratamiento de cada una de las cárceles. Según el Govern, es una «medida inédita» que se adoptaría en el «contexto de una emergencia sanitaria sin precedentes, y con una interpretación no restrictiva del reglamento penitenciario». Y además, apuntó, la decisión quedará automáticamente «revertida» una vez termine la emergencia sanitaria.
Pero la Sala de lo Penal del Supremo, que condenó en octubre pasado a los nueve líderes del 'procés', reaccionó de inmediato con un aviso de que emprendería acciones penales contra los funcionarios y directores de prisiones que adopten esta decisión. El alto tribunal apuntó a un posible delito de prevaricación y señaló que se dirigirá a las juntas de tratamiento y a los directores de los penales «para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico de esa decisión».
La Generalitat recordó que recientemente la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior emitió una orden para que los presos en tercer grado o que cumplen penas en régimen de semilibertad como el 100.2 pueden pasar el confinamiento en sus casas.
Esta es, por tanto, la base legal que esgrime el Govern para liberar a los presos del 'procés', aunque olvida que Instituciones Penitenciarias rectificó su postura inicial. Carles Puigdemont calificó a los miembros del alto tribunal de «miserables prevaricadores que aplican el derecho del enemigo».
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