El juez encarcela al empresario Ulibarri por la trama de contratos municipales

El juez Pablo Jesús Alonso finalizó a las 3.00 de la madrugada las comparecencias iniciadas sobre las 19 horas de este miércoles de cinco detenidos en la operación, con domicilios en Madrid, Fuenlabrada, Majadahonda y Villanueva de la Cañada, que se tuvieron que desplazar a Badalona.

Una de ellos, según han confirmado fuentes jurídicas, era José Luis Ulibarri, también investigado dentro de la trama del 'caso Gürtel', donde la Fiscalía pide para él siete años de prisión en una pieza separada referida a contratos en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid).

En su caso, el juez de Badalona considera que se dan las condiciones necesarias para el ingreso en prisión provisional –riesgo de fuga, reiteración delictiva y/o destrucción de pruebas-, mientras que otros tres investigados que pasaron a disposición judicial ayer de madrugada quedaron en libertad con medidas cautelares como retirada de pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial.

Nacido en Burgos y con residencia en Madrid y Valladolid, el empresario Ulibarri es el propietario de Construcciones Begar y de diversas empresas de servicios asentadas sobre todo en Castilla y León. También es accionista destacado en periódicos provinciales de Valladolid, Burgos, Soria y León y de la televisión privada de Castilla y León.

De forma paralela, el juzgado ya decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza el miércoles por la tarde para otro detenido en Barcelona y decretó libertad con medidas cautelares para los otros tres -un quinto detenido en Lleida quedó en libertad el mismo martes tras declarar ante la Policía-. Las comparecencias restantes ante el juez siguen hoy.

Los hechos investigados en la operación Enredadera, según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Bautizada como 'Enredadera', la investigación sobre los contratos municipales de control de tráfico adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente a Valoriza (Grupo Sacyr), se extiende por diez comunidades y 40 municipios de toda España. Según Sacyr, desde que adquirió Aplicaciones Gespol en 2016 esta empresa ha obtenido adjudicaciones locales por un importe total de 1,5 millones de euros, con una media aproximada por contrato de 5.000 euros.

Ulibarri pasó la noche del martes detenido en una comisaria de Valladolid fue trasladado ayer a Badalona y su declaración, junto a la de otros de tenidos, se prolongó hasta las tres de la madrugadas.

El juez tomó ayer declaración, en dos tandas, a nueve de la cincuentena de detenidos en esta macrooperación, desarrollada el pasado martes, y ordenó el ingreso en prisión sin fianza para tres de ellos, mientras los demás quedaron en libertad con medidas cautelares, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La causa, que continúa secreta, está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Los primeros en comparecer ante el juez fueron dos responsables de la empresa Gespol, el jefe de la policía local de Tiana (Barcelona) y un informático del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona), y tras las declaraciones uno de ellos ingresó en prisión y el resto quedó en libertad con cargos. Posteriormente el magistrado empezó a tomar declaración, a partir de las 19.00 horas, a otro grupo de detenidos con residencia en Madrid y las poblaciones madrileñas de Fuenlabrada, Majadahonda y Villanueva de la Cañada.

Tras finalizar las declaraciones hacia las 3 de la madrugada, el magistrado acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos, uno de ellos el empresario de Castilla y León, ya procesado en otra causa por corrupción del caso Gürtel. Los otros tres detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares, como retirada de pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial.

La Policía Nacional continuará durante el día de hoy la puesta a disposición judicial del resto de detenidos pendientes de comparecer ante el magistrado instructor.

En el marco de la causa que investiga Instrucción 2 de Badalona, se practicaron el pasado martes 55 entradas y registros en diversas comunidades autónomas, 19 requerimientos de información y una cincuentena de detenidos. De estos detenidos, está previsto el pase a disposición judicial un total de quince.