Prisión para Aberchan, expresidente de Melilla, por la trama de amaño de contratos

Tanto Aberchán, dirigente de Coalición por Melilla (CPM) como otro de los arrestados prestaron declaración mediante videoconferencia al encontrarse fuera de Melilla, aunque los dos corrieron la misma suerte procesal. La magistrada los ha enviado a prisión, igual que ha hecho con los cuatro primeros detenidos en la operación, entre ellos tres exconsejeros de la ciudad autónoma. Solo uno de los investigados, que fue arrestado en Barcelona, ha quedado en libertad con cargos.

La instructora del caso investiga la presunta comisión de delitos de fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Fiscalía Anticorrupción, como anticipó este diario, ha destapado con sus pesquisas un «sistema organizado» de compra de votos en Melilla que se remonta al menos a 2018 –período en el que se han celebrado al menos dos convocatorias electorales autonómicas y municipales–, si bien existe alguna condena incluso anterior, en concreto en 2014.

La juez acordó el ingreso en prisión provisional de tres de los primeros detenidos conducidos a la sede judicial, mientras que una cuarta persona detenida podrá eludir la prisión previo pago de una fianza de 5.000 euros. Hasta este momento la cantidad no ha sido abonada, por lo que la investigada permanecerá en prisión provisional.

Mientras, la investigación sigue su curso y se siguen practicando registros por parte de la Policía Nacional. Como resultado se ha incrementado el número de ex cargos públicos detenidos –hasta este miércoles por la tarde habían pasado a disposición judicial ocho personas–, entre ellas, la exconsejera del Menor y Familia, Cecilia González Casas. Con ella son ya cuatro de los cinco diputados que integran el grupo parlamentario de CPM en la Asamblea melillense los que están arrestados.

Las pesquisas cocinadas durante meses y desplegadas el martes –aunque continuaron este miércoles y es posible que también en los próximos días– afectan a la cúpula de Coalición por Melilla y están vinculadas al procedimiento iniciado en mayo de 2023 por la presunta compra de votos por correo. Se trata de la llamada 'operación Santiago-Rusadir', bajo la cual la magistrada ha decretado el secreto de sumario.

Las fuentes de la investigación consultadas apuntan a un amaño de contratos en Melilla por importe de unos seis millones de euros, amén de acuerdos similares con varios exconsejeros de CMP. Dos días antes de los comicios autonómicos del año pasado, Anticorrupción asumió la investigación. En este tiempo ha analizado la documentación que recabó la Policía Judicial de los registros en los despachos de varios dirigentes de la formación regionalista. Se ha trazado el recorrido del dinero, desde la compra de votos hasta el pago a través de adjudicaciones una vez que el partido bajo sospecha llegó al Gobierno melillense en 2019.