El prior exfalangista que dirige el Valle de los Caídos veta el acceso para exhumar a Franco

Fuentes de Moncloa han señalado este jueves que se daba por hecho que el prior pondría obstáculos a la exhumación. ¿La razón? Que antes de entrar a formar parte de la orden benedictina, la encargada de cuidar el mausoleo franquista, Cantera fue candidato a las elecciones generales de 1993 y a los comicios europeos de 1994 por Falange Española Independiente. «Sus antecedentes ideológicos son conocidos públicamente», señalan las fuentes gubernamentales.

«El prior –se añade– se ha negado en distintas ocasiones a seguir las indicaciones dadas por las autoridades eclesiásticas españolas, según le consta al Gobierno. La posición obstruccionista del prior Santiago Cantera no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la Iglesia española avala en su conjunto la negativa de este antiguo candidato falangista, hoy superior de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y, con ella, la negativa de la propia familia Franco».

Cantera ya ha puesto pegas en el pasado a exhumaciones en el mausoleo. En concreto a las de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, fusilados durante la Guerra Civil por el bando nacional y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza). Sus restos fueron después trasladados a una de las criptas del Valle de los Caídos sin el consentimiento de la familia. En este caso, Cantera desoyó una sentencia judicial y negó el permiso a los operarios la entrada en la basílica, como también se propone hacer en el caso de Franco. El propio presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se vio obligado a intervenir. «No puede negarse a exhumar los restos», dijo.

Precisamente es a los superiores eclesiásticos del prior a quien se propone acudir ahora el Gobierno, que mantiene que seguirá adelante con la exhumación del dictador «respetando cada una de las garantías a las que tiene derecho la familia Franco por ley».

Pedro Sánchez informó de su intención de trasladar los restos a Franco a finales de junio. Entonces dijo que el proceso podría llevarse a cabo antes de las vacaciones de agosto, pero desde aquel anuncio no han parado de surgir obstáculos. El principal escollo es la oposición de los nietos del dictador, que han anunciado que darán la batalla legal hasta el último minuto. Y si finalmente se produce la exhumación, que a nivel judicial dependerá de si el Tribunal Supremo acepta el recurso contencioso administrativo presentado en contra , la familia tiene intención de trasladar a Franco a la catedral de la Almudena. Esta es una posibilidad que el Ejecutivo rechaza de plano ante el riesgo de que la nueva tumba se convierta en un lugar de apología del franquismo en pleno centro de Madrid.

Entre tanto, las autoridades eclesiásticas españolas se ponen de perfil ante la guerra entre Gobierno y los Franco. El arzobispado de Madrid aboga desde hace meses por acuerdo entre las partes que a día de hoy parece imposible.

El caso, es que la Iglesias tiene la última palabra porque, como pretende el prior, puede impedir el acceso a la basílica. La última palabra podría llegar a ser del Vaticano. Por si acaso, la vicepresidenta Carmen Calvo visitó en Roma el pasado octubre al secretario de Estado del Papa Francisco, Pietro Parolin. La número dos del Ejecutivo trato de atar los cabos sueltos: asegurar la inhumación e impedir el traslado a la Almudena. El Gobierno salió satisfecho del encuentro. Según Calvo, se acordó «trabajar conjuntamente para buscar una salida a que los restos de Franco no se inhumen en la catedral de la Almudena». Horas después, en un hecho inusual, la diplomacia vaticana lanzó un desmentido: «Parolin en ningún momento se pronunció sobre el lugar de inhumación».