El primer investigador del 'caso Koldo' fichó hace un año por la Comunidad de Madrid

Fue precisamente la UAFAC la que se hizo cargo desde el primer momento de las diligencias abiertas sobre el 'caso Koldo', el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de material sanitario en la pandemia. Unos contratos adjudicados por los ministerios de Transportes e Interior y los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares en marzo y abril de 2020 a Soluciones de Gestión. La empresa que estaba dirigida por el presunto «conseguidor» de la red Víctor de Aldama, en prisión preventiva desde el pasado 10 de octubre acusado también de un presunto fraude de IVA (180 millones) en la comercialización de hidrocarburos.

Bonilla fue, por lo tanto, el primer funcionario policial que identificó a «Koldo el del PSOE» y «los que trincan», en palabras de su confidente Caramés, según el sumario de la 'operación Larrondo' que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número cinco desde julio de 2021. Esta revelación tuvo lugar tres meses antes de que el presidente Sánchez cesara al titular de Transportes José Luis Ábalos, secretario de Organización a su vez del partido.

Entre abril de 2021 y marzo de 2022, el mando de la UCO fue recopilando información sobre el asesor principal de Ábalos en Transportes y los contratos bajo sospecha. Indagó sus conexiones con De Aldama y los vínculos laborales de éste en Venezuela y Panamá. Sobre el primer país, en ese momento se instruía en un juzgado de la Audiencia Nacional una causa sobre el presunto blanqueo de capitales procedente de la petrolera estatal PDVSA, que afectó al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos. Esta causa, que pasó inicialmente por el juzgado de Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez', antes de inhibirse al tribunal central, fue archivada en noviembre de 2022.

Mientras el capitán Bonilla seguía sus pesquisas en Anticorrupción, el 10 de marzo de 2022 se produjo uno de los primeros hitos del 'caso Koldo'. El Grupo del PP en la Asamblea de Madrid presentó una detallada denuncia ante esta Fiscalía tras «recopilar» información de 13 contratos adjudicados por el Gobierno central durante la pandemia, valorados en 326 millones. El 28 de ese mismo mes el portavoz popular Alfonso Serrano presentó una ampliación de la denuncia. Y el 22 de octubre de 2022 la Fiscalía resolvió que solo tres contratos revestían indicios de delito, los relativos a Soluciones de Gestión. Las pesquisas siguieron adelante, pero en el grupo de investigadores ya no estaba Bonilla.

El 1 de abril de 2023 el mando de la UCO abandonó Anticorrupción tras cerca de cinco años y pasó a situación de servicios especiales, según recogió el Boletín Oficial de la Guardia Civil. Quedó encuadrado a efectos de régimen interno en la Comunidad de Madrid (CAM). Y el 31 de octubre siguiente se oficializó su nombramiento como gerente de la Dirección de Seguridad Corporativa de la administración presidida por Isabel Díaz Ayuso. Un puesto dependiente de la Consejería de Sanidad con una retribución anual de 84.000 euros, según el Portal de Transparencia.

Entre abril y octubre de 2023, antes de hacerse público el nuevo cargo de Bonilla, se produjeron dos episodios claves: el 8 de junio Anticorrupción elevó a nueve los contratos bajo sospecha de Soluciones de Gestión, valorados en 54 millones, y el 6 de septiembre se formalizó la querella de la Fiscalía contra siete personas, entre ellos Koldo y De Aldama.

A partir de la verificación de los informes aportados por la UAFAC al 'caso Koldo', no se ha podido determinar que el capitán firmase alguno de ellos cuando estuvo en Anticorrupción. En cambio, sí le afectaría la causa abierta en 2021 por fraude de hidrocarburos en la que está imputado su confidente J. L. C., a quien habría advertido supuestamente sobre una investigación policial previa a la empresa clave de esta trama, llamada Gaslow. Una mercantil para la que trabajó precisamente la entonces pareja de Bonilla, según las pesquisas del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO incluidas en el sumario.