Las defensas buscan paralizar el juicio del 'procés' y abonar el terreno de las nulidades

En los mismos reclaman no solo que sus clientes puedan abandonar la cárcel para recoger sus actas, sino también poder participar en los plenos de constitución de las cámaras y luego continuar en libertad para seguir ejerciendo sus nuevos cargos a todos los efectos.

Para ello, los letrados de los republicanos Oriol Junqueras y Raül Romeva y de los convergentes Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez tratan de que el tribunal se pronuncie sobre la tramitación del llamado suplicatorio, un requisito exigido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para investigar a los aforados. Una circunstancia que podría paralizar el juicio varias semanas.

La apelación a la figura del suplicatorio en este caso será revisada por la Sala, que este miércoles dio 24 horas de plazo a las acusaciones personadas -Fiscalía, Abogacia del Estado y la acción popular de Vox- para que informen al respecto.

Los acusados y sus defensas entienden que el el tribunal del Supremo necesita recabar ese trámite al Congreso y al Senado para poder seguir enjuiciando a los cinco parlamentarios electos el pasado 28 de abril. Sin embargo, fuentes del alto tribunal avanzaron ayer que cabe la posibilidad de que la sala entienda que la aplicación de esta figura solo sea necesaria en fase de instrucción y no cuando el procedimiento se encuentra en la fase de juicio oral, como ocurre ahora.

Fuentes jurídicas señalaron este miércoles que la Fiscalía del alto tribunal se opondrá no solo a la excarcelación de los cinco acusados por un delito de rebelión, ante el evidente riesgo de fuga, sino también a la petición formal del suplicatorio.

Para ello, explican que esta formalidad solo se prevé para poder inculpar y procesar a los aforados, según los artículos 750 y 751 de la LeCrim, y 71 de la Contitución Española. Y que, ante las dudas, la literalidad del artículo 22 del Reglamento del Senado dice que «una vez terminada la fase de instrucción, es decir, una vez que el procedimiento ya no está instruyéndose, no es necesario el suplicatorio».

Aunque es cierto que el Supremo no se ha pronunciado hasta la fecha sobre lo que ocurre cuando el procedimiento se encuentra aún en la fase de juicio oral, como es el caso, las mismas fuentes recuerdan que la inmunidad parlamentaria de diputados y senadores «no son derechos fundamentales, sino privilegios». Por lo tanto, estos artículos se deben interpretar de forma restrictiva y no de manera extensiva como pretenden las defensas.

Por ejemplo, el abogado de PDeCAT deja entrever en su escrito la futura estrategia procesal en caso de que no le den la razón. Recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se refiere a la inmunidad parlamentaria, de forma genérica, respecto de posibles «procesos penales», mientras que su colega de ERC Andreu van den Eynde abunda en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la inmunidad absoluta del electo.