M. Sáiz-Pardo y M. E. Alonso
Viernes, 15 de julio 2022, 20:02
La Ley de Memoria Democrática aprobada el jueves por el Congreso, en medio de una notable bronca política tanto por su contenido como por el hecho de que el apoyo de EH Bildu haya resultado decisivo para que el Gobierno la sacara adelante, ha derivado ... en las última horas en otra diatriba, esta vez por un flanco más inesperado: el del PP y Vox, ambos opuestos frontalmente a la normativa promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
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La polémica sobrevenida entre las dos familias de la derecha se dirime en torno a la autenticidad de sus planteamientos: los populares se presentan como los únicos adalides que quedan en el espectro partidario del tránsito histórico de la dictadura a la democracia, mientras que Vox has empezado a presionar a Alberto Núñez Feijóo y los suyos sobre su sinceridad cuando prometen que derogarán la nueva ley de memoria.
El PP pretende encabezar la oposición a la legislación refrendada hace 48 horas con los votos favorables del bipartito en el Ejecutivo y sus socios de izquierda y secesionistas, salvo Esquerra. La formación de Feijóo, quien se reunió además con casi una veintena de organizaciones de víctimas de ETA en los prolegómenos al debate y votación de la nueva ley, se presenta como la única opción política que en este momento respeta, defiende y actúa como heredera de los acuerdos que alumbraron la llegada de la democracia consagrada por la Constitución de 1978. Los populares tratan de erigirse así en la referencia legitimadora de la Transición frente al revisionismo revanchista que atribuyen a la izquierda y ante un Vox que no existía como tal sigla en ese trance de la historia de España.
Feijóo incidió en ello este viernes en su comparecencia en los cursos de verano de su partido en El Escorial. «Estamos solos defendiendo la Constitución, la Transición y la verdad democrática» en España, enfatizó el presidente de los populares intentando afianzar un mensaje de moderación frente a lo que identifica como los extremos políticos.
«Alargar el franquismo hasta 1983 es una broma de mal gusto», definió Feijóo, en alusión al pacto que EH Bildu ha arrancado al Gobierno para extender el estudio de las vulneraciones de derechos en la dictadura hasta los albores de la democracia, incluido el primer año en la Moncloa de Felipe González y el primero, también, de actividad terrorista de los GAL contra ETA.
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Tras denominar la nueva norma como «ley Bildu» y subrayar cómo históricos exdirigentes socialistas la cuestionan, el presidente del PP reiteró el compromiso expresado hace una semana en el homenaje del partido a Miguel Ángel Blanco en Ermua: que derogará la nueva legislación sobre memoria cuando llegue al poder.
Y Vox ha optado por confrontar con el PP justamente por esa promesa. Santiago Abascal puso en duda la verdadera determinación de los populares de poner fin a la norma del Gobierno apoyándose en dos argumentos.
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Uno, que Feijóo se dijo en Ermua dispuesto a trabajar para conseguir «los votos del próximo PSOE» -es decir, sin Sánchez- para restablecer «juntos la memoria y la justicia», una invitación que Abascal cree «extravagante»; y dos, interpelándoles a que deroguen las leyes de memoria vigente en Castilla y León -donde gobiernan con la ultraderecha- y en Andalucía. «¿Hasta dónde el PP no está dispuesto a derogar y nosotros sí?», se interrogó, retóricamente, el jefe de filas de Vox.
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