El presidente del CGPJ ante Bolaños y García Ortiz: «nadie puede ser cómplice» de la deslegitimación del Poder Judicial

Allí, desde la primera fila del acto de entrega de los XVIII Premios anuales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género este viernes en Madrid, los tres tuvieron que aguantar el inaudito rapapolvo del máximo responsable del órgano de Gobierno de los jueces. Guillarte advirtió del «efecto devastador» que tienen los «frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial», protagonizados en ocasiones por «representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba» como «vimos el martes en el Congreso y en el Senado».

Se refería Guilarte a la intervención de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, quien aludió a «personajes oscuros» y «personas indecentes» que son «cómplices de la politización de la Justicia». Nogueras citó expresamente Manuel Marchena Carlos Lesmes, Concepción Espejel, Carmen Lamela, Pablo Llarena «y tantos otros que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato». En el Senado, el representante de Junts Josep Lluís Cleries acusó a los togados de emprender una «batalla política» para «intentar torpedear» la ley de amnistía, unas acusaciones que, en ese caso sí fueron rebatidas de manera tibia por Félix Bolaños.

Ante estas embestidas de los independentistas, el presidente del CGPJ afirmó que «ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas ni con sus actitudes ni con sus silencios». «Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz», pidió Guilarte ante los altos representantes institucionales aludidos de forma velada. Según Guilarte, los ataques de los socios de Pedro Sánchez y la falta de defensa por parte de los otros poderes del Estado «minan la confianza de los ciudadanos en la Justicia».

El presidente del órgano de gobierno de los jueces no dejó de pasar la ocasión también para criticar sin tapujos la aprobación por parte del PSOE y sus socios parlamentarios de comisiones de investigación parlamentarias sobre el supuesto lawfare en los casos de la policía patriótica, los atentados de Cataluña y el espionaje con Pegasus. En esa línea, afirmó que ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar su proceder jurisdiccional y avisó de que «iniciar esta vía implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado necesariamente llamados al respeto mutuo, nunca a la confrontación y que sin duda perturbaría la atención que el Poder Judicial debe ofrecer a las víctimas para que no lo sean».

Guilarte dirigió asimismo su llamamiento al Poder Judicial: «Asumamos también nuestra neutralidad, a menudo distorsionada, pues la independencia judicial es bidireccional: no a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo», señaló.

Las duras críticas del presidente del CGPJ vienen a echar más gasolina al fuego del encontronazo de esta semana entre los jueces y el Gobierno y sus socios parlamentarios. El jueves la mayoría conservadora del consejo forzó que la semana que viene se debata y, llegado el caso, se apruebe un texto mostrado «un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho».

El miércoles, solo horas después de los ataques de Nogueras a la Judicatura, el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, emitió un comunicado contra el ataque «sin precedentes» de la diputada catalana, que «no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de derecho». Pero Castán hizo algo más: suspendió su reunión prevista ese mismo día con Bolaños ante el silencio que habían guardado los socialistas ante la intervención de Nogueras en el Congreso.

La reunión finalmente se ha agendado de nuevo para el próximo martes después de que hablaran por teléfono y Bolaños reiterara a Marín Castán su defensa de los jueces.