La presidenta del CGPJ reprueba a Sánchez por atribuir «sesgos políticos» a los jueces

Un cuestionamiento de la labor judicial que ha merecido una reconvención de Perelló que ahonda en las fricciones entre poderes del Estado que vienen marcando la legislatura a raíz de la aprobación de la ley de amnistía. La nueva presidenta del máximo órgano de los jueces y también del Tribunal Supremo, de adscripción progresista, ya se estrenó en su cargo con una declaración de intenciones el pasado 5 de noviembre, cuando ante el Rey, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, clamó por el respeto a la autonomía de los togados y avisó de que ningún otro poder del Estado les «puede dar indicaciones ni instrucciones» sobre «cómo han de interpretar el ordenamiento jurídico».

Entonces, el escenario seguía marcado por la negativa del Supremo a exonerar del delito de malversación a Carles Puigdemont. Hoy, el alto tribunal es el encargado de dirimir el caso por presunta corrupción por el que el exministro José Luis Ábalos había prestado declaración la víspera y el que mantiene investigado, por primera vez en democracia, al fiscal general del Estado, por supuesta revelación de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso mientras otros dos juzgados ordinarios instruyen las imputaciones contra la mujer y el hermano de Sánchez.

Perelló avisó al presidente, en un comunicado 'ad hoc' sin destinatario con nombre y apellidos pero inequívoco, de que cuestionar la labor de sus compañeros de «forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos» constituye un proceder reprobable porque «menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional. Amparada por el marco del galardón europeo al que asistía, la magistrada imbricó la independencia judicial, «uno de los pilares básicos del Estado de Derecho», con los valores de la UE.

«Es precisamente esa independencia lo que garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados», enfatizó Perelló, antes de constatar que la Magistratura puedes ser objeto de una «crítica» legítima pero remarcando la obligatoriedad de que pueda desempeñar sus funciones «atendiendo únicamente al imperio de la ley, sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, público o privado». Un eco este último que llegaba precedido por el disgusto que las palabras de Sánchez suscitaron en parte de las asociaciones de la carrera y que resonó también en el discurso del presidente del Constitucional en el mismo acto de entrega del galardón a Metsola: «La jurisdicción constitucional implica un alto grado de sumisión de la política al Derecho –proclamó Cándido Conde-Pumpido–, porque es el poder el que ha de someterse a la razón y no la razón al poder».